LA ANOMIA Y LA SOCIEDAD ARGENTINA por Alejandro R. Melo

Introducción: Las opiniones volcadas en este trabajo son el producto de lecturas acumuladas durante años y de conclusiones arribadas confrontando la realidad con la teoría que se enseña en las Universidades y centros de estudio a los cuales el autor tuvo oportunidad de asistir, pero como una opinión, está abierta a la polémica y al debate de ideas sobre un tema, que como se verá abarca muchos aspectos de la realidad argentina, en una visión que pretende ser más amplia y no limitada a la interpretación normológica. I- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR “ANOMIA”? La Real Academia define a la anomia como: “Ausencia de ley”, y “Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. Son varios los autores que han señalado que este estado extremo de las instituciones se encuentra afectando actualmente a la República Argentina. Si observamos detenidamente, la definición lejos de referirse a los aspectos meramente normativos (como gustaría a un teórico positivista), se refiere a normas sociales, Es que la norma jurídica, como describiremos en este trabajo, no tiene vigencia si no responde a un conjunto de valores y costumbres que coinciden con los existentes en una sociedad determinada y en un tiempo cultural. La vigencia tiene que ver con lo social, y ésto es mucho más amplio que el marco normativo legal de una sociedad. Por eso, la anomia no se refiere sólo al hecho de que no se respeten las leyes -por ejemplo cuando se evaden los impuestos, o cuando un funcionario corrupto desvía fondos públicos-, sino al abandono de las costumbres morales, a su extrema flexibilización, a la ausencia de principios en las conductas públicas y privadas, tanto en la órbita estatal como en las relaciones entre particulares. Es que la “anomia” es un mal del espíritu de una comunidad, no una “ausencia” de normas positivas. Si observamos un ejemplo cotidiano, podemos ver que puede constituir un error el simple hecho legislativo de agravamiento de las penas para combatir la inseguridad. De nada sirven leyes más severas si quienes deben aplicarlas (jueces sobre todo) no están convencidos de la necesidad, constitucionalidad y utilidad de esa severidad, y mucho menos, si la población no tiene conciencia de la necesidad de garantizar conductas que se ajusten a la ley. La anomia no proviene entonces de la “ausencia de normas positivas”, sino de la falta de “voluntad” en su cumplimiento, ya que puede tenerse el sistema normativo más perfecto, pero vaciado de contenido moral, por no coincidir con la voluntad de la ciudadanía. Como veremos más abajo, el orden jurídico no es sino un instrumento para preservar el poder y el orden en la sociedad, pero ese instrumento tiene componentes morales, sin los cuales no puede funcionar correctamente, ya que el Derecho, mal que le pese a la interpretación positivista, no sólo es norma, es también valoración y aceptación social. Como la “anomia” es un concepto “meta normativo”, no se refiere solamente a las normas jurídicas, sino a las conductas ordenadas por principios o valores morales o sociales comúnmente aceptados por una comunidad. Y es por ser este último aspecto más amplio y comprensivo, es donde deberíamos buscar el origen de la “anomia jurídica” y no comenzando por ésta, ya que se corre el riesgo de terminar sin una solución al problema o encerrados en un planteo circular, como el perro que se muerde la cola. II- ¿PARA QUÉ SIRVE LA LEY Y QUE FUNCIÓN CUMPLE EN EL ORDEN SOCIAL? Muchos millones de años antes de que la civilización conociera conceptos tales como soberanía, o estado, los grupos humanos comenzaron a reunirse en familias y grupos de familias que tenían a sus líderes naturales, tal como la manada respeta al más fuerte. Todavía no había Derecho sobre la tierra. La llamada ley del talión, no es sino la expresión de la venganza tribal de un grupo humano sobre el otro. La selección de los jefes de esas comunidades humanas, estaba basada, tal como en el resto de los animales, en la fortaleza de ese Jefe. ¿Por qué mandaba? Simplemente porque se imponía a los demás. Pero el hombre interactuaba con su entorno, contemplaba la naturaleza y tenía que sobrevivir en duras condiciones climáticas y ambientales, compitiendo con otros homínidos y con bestias feroces que le disputaban el alimento, y que en muchas ocasiones lo transformaban en su alimento. No se sabe en qué momento, el hombre comienza a tener un pensamiento abstracto y a relacionar los elementos del medio natural con sus temores y esperanzas. Lo cierto es que de alguna forma nace el pensamiento religioso, y con él, el tabú, mezcla de superstición y prácticas protectivas de la especie (tal vez basadas en conductas instintivas en gran medida). Con el nacimiento del pensamiento religioso nace la moral o (costumbres seguidas por los antepasados) y de alguna manera, el Jefe del grupo, advirtió que podía convencer a sus congéneres, de que su autoridad no provenía sólo de la violencia que era capaz de ejercer, sino de un pretendido mandato de los dioses. Entonces, el Jefe se confundió con el Sacerdote, adquiriendo en el imaginario colectivo una autoridad que de otra manera hubiera carecido. Si el Jefe no lo era sólo porque se había apoderado del poder -él o sus antepasados-, y lo mantenía con la fuerza bruta, sino que además tenía otras “cualidades”, como ser el enviado de la divinidad, el predestinado para regir a la comunidad, ya no sólo se le obedecería por el miedo, sino que en este punto le habría adicionado un invalorable justificación moral, lo que modernamente llamaríamos “legitimación”. Con la legitimación el poder del Jefe se consolidó y obtuvo un significativo avance, ya que descubrió que producía una “economía de la fuerza”: ya no sólo se obedecía al Jefe por su poder físico, sino que ese poder se empezaba a fundar en el respeto a la autoridad, en la idea inmanente de que la autoridad del Jefe provenía de la divinidad -e incluso que era el mismo Jefe una divinidad-, desplazando buena parte del poder físico, a algo mucho más efectivo y perdurable: el miedo a lo desconocido, la coacción interna de la conciencia. En esa economía de la fuerza, el Jefe obtuvo la ventaja de no tener que disponer de tanto poder exterior para controlar a sus subordinados y además, al tener la legitimación religiosa o moral, se comenzó a transitar el paso fundamental: los mandatos del Jefe se transformaron en legítimos, y si eran legítimos, también podían ser Justos. La conducta de los hombres sometidos al poder del Jefe debía basarse en la Justicia de sus relaciones, y por lo tanto lo legal y lo justo se confundieron en su conciencia: se actuaba correctamente si se cumplía con el mandato del Jefe. Nada podía ser mejor para el Jefe: era un Jefe “legitimado” y además tenía la ventaja de que su autoridad no requería de tanta fuerza. Alguien que tenía muy claras las relaciones de poder dijo alguna vez: “Más importante que el poder mismo, es la ‘percepción’ del poder”. Es decir, cómo perciben los otros el poder o la autoridad que tiene quien ejerce el poder, porque si la percepción fuera de debilidad, ese poder se derrumbaría más rápido que tarde. Quien dijo eso fue Napoleón Bonaparte, quien no sólo había leído atentamente a Nicolás Maquiavelo, sino que comentó y anotó su obra más conocida: El Príncipe. Otro pensamiento también describe las relaciones de poder con graciosa precisión: “Las bayonetas sirven para muchas cosas, menos, para sentarse sobre ellas”. Ello significa que el poder se puede conquistar por la fuerza, pero difícilmente se puede mantener sólo por la fuerza. En un momento se requiere del consenso de la comunidad política o de gran parte de ella para poder ejercer ese poder. La frase también es atribuida al mismo Napoleón, pero con mayor precisión parece que fue dicha por el General La Fayette, hombre de la Revolución Francesa y héroe de la Independencia Norteamericana. El consenso se basa en conveniencias, de manera que se pacifican los espíritus aceptando o tolerando como valioso el ejercicio del poder por parte del Jefe, al que a lo sumo, se lo ve como el “mal menor” para esa sociedad. De lo contrario se percibe el caos, la devastación o la anarquía. La legitimación es más que ello, es aceptar valores compartidos por la sociedad, en particular el valor “Justicia”. Pero hay algo que fortaleció la autoridad del Jefe y reforzó esa “economía de la fuerza” significativamente: la “estandarización de los mandatos”. A poco de ejercer el poder, el Jefe observó que si todos los días daba órdenes contradictorias y regidas sólo por sus humores, nadie sabría qué es lo que debía obedecer, y se multiplicarían los castigos y la necesidad de controles, sin que ello llevara a una estabilidad en el ejercicio de su poder. Fue así que nació la ley. Con la norma o ley (aquí lo usamos como sinónimo), el Jefe obtuvo un aumento en la “economía de la fuerza”, ordenó a sus propios servidores del poder, e hizo que los hombres que se le subordinaban supieran a qué atenerse en el caso de que se violaran sus mandatos. Así que han aparecido ya los tres componentes para configurar el Derecho: el instrumento ley o mandato estandarizado y la legitimación (justificación moral o filosófica de quien ejerce el poder y cómo dicta las normas) y el poder mismo, basado en la fuerza represiva del Jefe para hacer cumplir esos mandatos en el caso de que no obstante la fuerza moral de los mismos, aun fueran desobedecidos. Entonces, este producto del refinamiento de la cultura, que es el Derecho, fue percibido por el Jefe como un instrumento valioso para asegurar su mando y economizar energías, y por la sociedad o comunidad humana, como un instrumento que le permitía saber a qué atenerse en sus relaciones con el Jefe y también en sus relaciones con los demás hombres, dando lugar a conceptos que sólo el refinamiento de las costumbres pudo lograr: la noción de equidad (dar a cada uno lo suyo según le correspondiera por su naturaleza o situación social), naciendo una equiparación entre lo “justo” y lo “equitativo”. Pero efecto más sorprendente y quizás hasta mágico para el poder ha sido la identificación de lo legal (conjunto de mandatos del Jefe) con lo “justo”. Esto transforma al hombre común en un leal súbdito, que no tiene la menor intención de alterar el orden establecido. Es el máximo de la “economía de la fuerza”. A partir de este concepto, el Jefe tenía que preocuparse sólo por los individuos más díscolos -transformados en marginales-, los que no aceptaban la primacía de los “valores” compartidos. Lejos estaba todavía de aparecer el concepto de “igualdad” entre los hombres, abstracción que requirió primero de una elaboración religiosa, moral y filosófica, para muy tardíamente influir sobre la política y ser reconocido como un valor social. Y aún más lejos, la idea de que el Derecho permitiría a los hombres protegerse de los abusos del Jefe en el ejercicio del poder. En ese momento, el único límite a ese abuso provino de la estandarización de los mandatos. Aprovechando la doctrina de los filósofos cristianos, se tejió la doctrina del origen divino del poder, nuevamente para justificar el ejercicio del mandato del rey. Como podrá advertirse, sostenido en los principios religiosos, el poder se afirmaba en una justificación que era muy difícil discutir: la desobediencia no sólo se castigaba por el poder real, también había una condena moral y social mucho más eficaz para disuadir a cualquiera de todo intento de desobediencia. En realidad, se trataba de una teoría que se basaba en palabras de San Pablo: “no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen fueron instituidas por Él, de suerte que quien se insubordina contra la autoridad se opone al orden que Dios estableció.” Esta definición era muy fuerte, a pesar de que pensadores preclaros como San Agustín, hicieron una clara distinción entre el “poder” como componente de la estructura social gregaria de los seres humanos y una concreta atribución de un mandato en un individuo o familia de individuos. Más adelante, en la evolución de la civilización aparecería la idea de que el Jefe no sólo emitía la ley, sino que además estaba subordinado a ella. Esta nueva idea fue producto de la necesidad del Jefe, ya que no de buena gana tuvo que aceptarla. Su debilidad le llevó a conceder cierta participación de poder a otros Jefes, otorgándoles el carácter de pares, pero reservándose el rol de primero entre sus pares. La Carta Magna y los Fueros españoles son buen ejemplo de ello, en tiempos en los que el poder se había atomizado, pero fueron intentos que luego se vieron debilitados ante el fortalecimiento del poder real. Todavía habría que esperar cierto tiempo para aceptar las limitaciones al ejercicio del poder. Es en el Renacimiento donde comienzan a aparecer agrupamientos humanos vinculados a un territorio, una población y un poder político único. Afirma D’Auria, que esta forma de agrupación política que llamamos Estado, es la inversión del orden político medieval, ya que mientras éste se caracterizaba por múltiples relaciones de dominación, donde había una superposición de lealtades jurídicas, políticas, impositivas y militares, en el Estado que nace a partir del Renacimiento, todas esas relaciones quedaron reducidas a una sola en el territorio de un Estado y bajo un mismo Señor. Por eso este autor define al Estado como: “forma de orden político, característica de las sociedades modernas, fundada en el monopolio de la coacción sobre un determinado territorio por parte de una jerarquía burocrática, policial - militar, jurídica e impositiva” Las monarquías absolutas se van a formar a partir de ese momento: España, Inglaterra y Francia, mientras en el resto de Europa subsistían pequeñas ciudades -estado, o ciudades -repúblicas, y algunos imperios que finalmente fueron disolviéndose en nuevos Estados. Pero ese poder del soberano, era un poder absoluto, no subordinado a la ley. Justamente Jean Bodin (1529-1596) elabora hacia 1576, es decir en pleno siglo XVI, su teoría de la soberanía en sus Seis Libros de la República. Bajo la inspiración de “Les Politiques”, grupo al que pertenecía Bodin, afirmó que era necesario fortalecer el poder de la monarquía para imponer la paz por encima de los grupos enfrentados. Para Bodin, el poder soberano es el poder supremo de crear leyes, que tiene como requisitos, que ese poder sea perpetuo, absoluto e indiviso. El poder perpetuo significaba, que no tenía plazo de vencimiento, no era una solución temporaria. El carácter absoluto significa que el poder no está sometido al de ninguna otra autoridad salvo Dios, y los límites a ese poder son morales y algunos jurídicos: el gobierno se ejerce en forma legítima cuando es razonable, no arbitrario, y apegado al Derecho Natural. Pero si el poder se ejerce en forma arbitraria y contraria al Derecho Natural, se transforma en ilegítimo y tiránico. También acepta la existencia de un poder “despótico”, que se daría cuando el ejercicio del poder no contraría al Derecho Natural pero es arbitrario. Finalmente el carácter indiviso hace referencia a que el poder no es repartido o compartido entre distintos órganos (como lo era en las repúblicas), sino puesto en la cabeza de un único soberano. El inglés Thomas Hobbes (1588-1679) no acepta las concepciones organicistas o teológicas de la sociedad política. Sostiene que hay en el hombre un “estado de naturaleza” belicoso, por esencia conflictivo, violento, indeseable, lo cual lo arrebata a una situación de guerra de todos contra todos, con la consecuente incertidumbre y donde cualquiera queda expuesto a una muerte violenta. Por eso, para superar ese estado de naturaleza violento, Hobbes piensa que la única solución es la existencia del Estado, el cual -según él- se forma a partir de un pacto social, lo cual es la garantía de la paz social. Se trata de una adhesión volitiva de los propios súbditos a ese monstruo caracterizado como el monstruo marino bíblico Leviatán. Es el miedo el que obliga a los súbditos con el Estado, no la firma de un contrato real, es como un contrato de adhesión al mal menor. Para Hobbes la obediencia al soberano debe ser sin límites, salvo que éste fuera tan cruel e impredecible que ya no hubiera diferencia entre él y el estado de naturaleza. Para Hobbes no hay límites al poder del soberano, ni el Derecho Natural, ni reclamo moral, porque según este autor, es el soberano el que fija qué es conforme al Derecho Natural y a la Justicia. Ningún derecho, como la propiedad misma, están a salvo del poder del soberano: es él el que dispone libremente sobre los derechos, ya que éstos sólo existen en la medida que existe el Soberano. El Soberano no busca el Bien Común, sino su propio interés. Si los súbditos lo obedecen es porque sería peor regresar al caos que implica el estado de naturaleza. Está claro que la función del Derecho, en esta concepción, como instrumento del Poder del Soberano, se resalta como un medio fuertemente represivo. Ocurre que en Europa Central (principalmente en el actual territorio alemán) se desata entre los años 1618 y 1648, la llamada Guerra de los Treinta Años, en la que se involucran la mayoría de las potencias europeas. Si bien originalmente este conflicto tuvo su origen en la cuestión religiosa entre la reforma y la contrarreforma dentro del mismo Sacro Imperio Romano Germánico, el involucramiento de las distintas potencias europeas determinó la existencia de una guerra general en Europa, y de la cual surgiría una realidad jurídica esta dual distinta a la hasta ese momento conocida. La Paz de Westfalia en 1648 y después la Paz de los Pirineos, pusieron fin al Imperio Romano Germánico, ya que prácticamente dejaron sin poder al Emperador Habsburgo, atomizándose Europa en distintos Estados. Esto es conocido como el nacimiento del Estado Nacional. Entretanto, un pensador inglés, John Locke (1632-1704), funda la ideología liberal, por la cual la soberanía ya no pertenece al monarca, sino que es un concepto ligado a la nación, a un espacio físico en el cual se nace, la “tierra patria” que pertenece tanto a los ciudadanos pasados como a las futuras generaciones, y es superior a los individuos que la componen. El concepto de ciudadano, ligado a la tierra, desplaza al vínculo jurídico y moral directo con el monarca, el cual se transforma en un órgano más de esa nueva realidad que es el Estado Nación. El poder real, entonces se atomiza entre el Parlamento y la monarquía. La ley ya no es producto de la voluntad del monarca, sino el resultado de un compromiso político de las clases dominantes de la sociedad. Pero esta forma distinta de formar la voluntad de quien manda, no hace distinto al instrumento: el derecho sigue rigiendo las relaciones entre el poder y los ciudadanos y entre éstos entre sí. Esta teoría, al atomizar el poder de los monarcas, lleva al concepto de representatividad o delegación, porque la Nación no se puede gobernar a sí misma. Ello es sostenido en Francia durante el siglo VIII por Montesquieu. La Revolución Francesa termina por acuñar el concepto de Soberanía Nacional, atribuyendo al cuerpo de la Nación las capacidades de decisión. En el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se sostiene que “toda soberanía reside esencialmente en la nación” Si bien el poder es siempre personal, la teoría del Estado constitucional clásico sostenía una despersonalización del poder estatal. Surge la idea de que el gobernante no es el titular del poder soberano, y debe quedar sometido a la ley, en especial se crea la idea de la necesidad de una ley de leyes: la Constitución, si bien ésta podía adquirir la forma escrita o ser producto de las tradiciones de los tribunales y las costumbres de la sociedad. Nacen así dos principios del Estado Liberal: la despersonalización del Estado y el imperio del Derecho. Así se define al Estado como “la nación jurídicamente organizada”. Si bien esto es así, todavía no ha de creerse que la teoría clásica tiene especial interés en los derechos políticos. Su ámbito fundamental son los derechos individuales. El foco está en el ejercicio de la libertad del individuo. Cuestiones tales como su libertad económica, el comercio, la libertad de tránsito, la libertad religiosa, etc. Ninguno de los teóricos clásicos del Estado Liberal son demócratas: tanto Locke como Montesquieu y Constant (1767-1830) son monárquicos, pero sostienen una monarquía moderada, parlamentaria, bajo el poder de la Constitución. Montesquieu es el verdadero creador de la división de poderes, una forma de garantizar que el poder no se concentrará en uno solo. El pensamiento liberal hacía reposar la soberanía en la Nación, que era la expresión de la voluntad colectiva. Pero la Revolución Francesa irrumpe con la idea de identificar la voluntad popular con la soberanía. Si Rousseau tiene una visión más idealista, que rechaza la posibilidad de la representación del pueblo, es Sieyès, autor de la famosa obra “¿Qué es el tercer estado?” quien elabora la teoría que permite asimilar la voluntad general con la voluntad nacional y a ésta con la de la mayoría. Luego, la voluntad de la mayoría con la de los representantes de la mayoría del pueblo. La división de poderes, el carácter representativo de los mandatos, las garantías constitucionales y penales, tales como los principios de presunción de inocencia, non bis in ídem, etc. son logros de la evolución de la civilización que han ido enriqueciendo progresivamente el Derecho, de forma de humanizarlo, de imbuirlo de una visión más flexible y abarcativa. No obstante los esfuerzos del positivismo por estructurar una ciencia del derecho basada exclusivamente en el análisis de la norma, es indudable que como técnica social específica el Derecho requiere de un soporte temporal, cultural, moral, y espacial. La pura norma no tiene vigencia si no se vincula a un nivel de aceptación de la sociedad en un tiempo dado y en el contexto de la evolución de la civilización. Tampoco puede aceptarse que la norma está exenta de un contenido “ético”, ya que la valoración moral de los objetivos de la norma-y su interpretación-, dirigidos a la prosecución de fines de utilidad común, no pueden ni deben estar basados en la mera utilidad política de ese objetivo, porque se corre el serio riesgo de apartarse del valor justicia, al que nos referiremos más abajo. III- LA MORAL SOCIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS No hace mucho tiempo, mientras caminábamos con mi esposa por una zona residencial, fuimos testigos de un episodio lamentablemente reiterado: un señor bajó de su camioneta y sin más se dispuso a orinar en un árbol a la vista de todos los transeúntes. El episodio además de la circunstancia desagradable y poco higiénica, revela que hay valores que se han perdido en las mismas costumbres sociales argentinas. No se trataba de un hombre proveniente de barrios de emergencia, ni abandonado en su aspecto: simplemente decidió que estaba bien hacer sus necesidades a la vista de todos, porque él pensaba que ello era normal. En ese momento recordé que años atrás, ello era impensable, por lo menos en un área residencial, y que una conducta así proveniente de un adulto era penada por un edicto policial. Ello no es más que el reflejo del deterioro progresivo y sistemático de nuestras costumbres, que incluyen el uso grotesco de nuestro lenguaje, a punto tal que palabras que representaban otrora un insulto pasaran a ser la muletilla o comodín casi único de la comunicación de los adolescentes y adultos. Incluso, groserías de las que no hace muchos años nos hubiéramos avergonzado escuchar, sobre todo en boca de una mujer, son comunes en los diálogos en la vía pública, en el colectivo, o la falta de respeto por reglas sociales como el ceder el asiento a una persona anciana o a una mujer embarazada en un medio de transporte, etc. Es el estado de decadencia de las costumbres que estamos experimentando, alentada por algunos medios de comunicación, como la televisión, que lejos de asumir un rol social de elevación del nivel cultural de nuestro pueblo, parece servir para desviar la atención de la realidad con propuestas llamativas, muchas veces reñidas con el buen gusto y alejadas del arte. De igual forma observamos como conductas disvaliosas son asumidas por normales, incluso entre personas de un nivel cultural alto. Carlos Nino hace una enumeración meramente enunciativa de ese desprecio por las normas: a) la economía informal o en negro; b) la evasión impositiva y el contrabando; c) la corporización de la economía, sustentada en lobbies y grupos de presión; d) la corrupción generalizada, tanto en el ámbito público como en la actividad privada. e) la anomia en las actividades productivas, ejemplarizada en el incumplimiento de los plazos, el desprecio por el medio ambiente, el desprecio de las normas de calidad y el derecho de los consumidores. f) las corruptelas en el ámbito de la Justicia, vistas como pequeños apartamientos de las normas procesales (no presidir las audiencias los Jueces, por ejemplo). g) la anomia en el tránsito, representada por muchas conductas de conductores y peatones que dejan muchas veces consecuencias dolorosas, por la gran cantidad de accidentes que se registran. Resalta el mismo Carlos Nino, que uno de los factores de este estado de cosas, es la falta de intervención efectiva de la Justicia ante los delitos. Haciendo una enumeración de los delitos verificados en el año 1989 por el Registro Nacional de Reincidencias, relata que se habían cometido 658.560 delitos, en los que había intervenido la policía, con 243.294 inculpados conocidos, de los cuales sólo 15.559 terminaron en sentencias condenatorias. O sea que sólo el 2,5% de los casos las leyes penales fueron cumplidas en la Argentina. El incumplimiento de las normas también ha sido estimulado desde la política, por ejemplo cuando se sostuvo desde el poder que no se podía “criminalizar la protesta social”, base sobre la cual se permitieron durante los últimos años los llamados piquetes, mediante los cuales algunos ciudadanos se sentían con derecho a privar del derecho de circulación a otros ciudadanos -los cuales normalmente nada tenían que ver con los motivos de la protesta-, privilegiando así algunos derechos sobre otros. La anticultura representada por “no te metás” o el considerar “soplón” a quien revela que un compañero de trabajo está robando, no es nueva. Hay una tergiversación de los valores que nos daña a todos como sociedad y que comprende el abandono por nuestros ancianos, el desentenderse de los niños, el considerar que la política es cosa de los “políticos”, sin darnos cuenta que se trata de nuestros intereses colectivos. Nino, hace hincapié en la necesidad del ejemplo de “los de arriba”, es decir de los gobernantes y clases dirigentes, a fin de que se corrijan las desviaciones jurídicas y morales que generan la anomia. Pero los dirigentes salen del seno de nuestra sociedad, están formados por nuestras madres, concurren a nuestras escuelas, son en definitiva, producto de nuestra crisis moral, lo cual no los exime de responsabilidad. Para cambiar este estado de cosas no bastan las soluciones jurídicas, es necesario producir profundos cambios culturales. IV- LA JUSTICIA EN EL CENTRO DE LAS RELACIONES DE UNA COMUNIDAD Hemos escogido un texto de San Agustín para comenzar reflexionando sobre las relaciones del poder con la sociedad, ello por cuanto entendemos que con una sencilla comparación ha puesto el acento entre la búsqueda del Bien Común, que idealmente debería guiar a todos los gobernantes, y la realidad egoísta y destructiva de las soluciones basadas en la mera ambición: ¿Si suprimimos la justicia, qué son entonces los reinos sino grandes latrocinios? ¿Y qué son pues los latrocinios sino pequeños reinos? La propia banda está formada por hombres; es gobernada por la autoridad de un príncipe, está entretejida por el pacto de la confederación, el botín es dividido por una ley convenida. Si por la admisión de hombres abandonados, crece este mal a un grado tal que tome posesión de lugares, fije asientos, se apodere de ciudades y subyugue a los pueblos, asume más llanamente el nombre de reino, porque ya la realidad le ha sido conferida manifiestamente al mismo, no por la eliminación de la codicia, sino por adición de la impunidad. De hecho, esa fue una respuesta elegante y verdadera que le dio a Alejandro Magno un pirata que había sido capturado. Y es que cuando ese rey le preguntó al hombre qué quería significar al tomar posesión del mar con actos hostiles, éste respondió, "Lo mismo que tú quieres significar cuando tomas posesión de toda la tierra; pero por el hecho de que yo lo hago con una nave pequeña, se me llama ladrón, mientras que a tí, que lo haces con una gran flota, se te llama emperador". La Ciudad de Dios. Libro IV, Cap. 4 Es que la perversa idea de que el objeto de la política se agota en lo político mismo, lleva a consecuencias nefastas: el instrumento se transforma en fin en sí mismo. La única manera de salir de esa idea autocomplaciente, es sostener como los clásicos que el objeto de la política es el “Bien Común”. No se trata de meras teorizaciones como algunos han pretendido demostrar, separando los conceptos morales de los contenidos de una “Ciencia Política” supuestamente basada en la pura realidad y ajena a la moral y las categorías de la especulación filosófica. El extravío de una política fundada en la pura dinámica del poder lleva a consecuencias desastrosas, ya que quien está “ciego no puede guiar a otros ciegos” - parafraseando al Evangelio-. Las consecuencias de una política basada en un puro pragmatismo están bien a la vista, y nuevamente tomando palabras de Cristo: “Por los frutos los conocerán”: los frutos del pragmatismo puro son la codicia, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, el aprovechamiento de los cargos públicos para obtener ventajas irregulares, el abuso de poder, la perpetuación irresoluta en los cargos públicos. El Papa Francisco, en su reciente visita a Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo oportunidad para reiterar algo que es parte de su constante prédica, -mucho antes de ser elevado a la Cátedra de Pedro-, y es la apelación a los políticos: “El futuro exige la tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad, y una visión humanista de la economía. Una política que evite el elitismo y erradique la pobreza, que asegure dignidad y solidaridad.” Pero la Justicia del Derecho, como valor en las comunidades humanas es un término que como vimos tiene que ver con las valoraciones sociales y culturales. No se trata en este caso del valor Justicia en abstracto. No es la Justicia de Dios. Es la Justicia de los hombres encarnada en la cultura, que se relaciona a cómo perciben los hombres en un momento dado ese valor. Indudablemente que esa percepción puede estar culturalmente o individualmente muy distorsionada, por los disvalores, por los vicios, o por la primitivez de las costumbres. En nuestros días, no sería concebible en Occidente que se aceptara la esclavitud como algo aceptable o justo, pero como sabemos, en la antigüedad no se trataba de algo que se percibiera especialmente como disvalioso. Ese disvalor que concebía que los seres humanos pudieran ser mercancías y no tuvieran derecho a decidir su destino y su forma de vida se extendió hasta muy entrado el siglo XIX. No se trata de que pensadores, filósofos, teólogos y juristas no hicieran advertencias sobre la injusticia de esta situación, sino que las costumbres basadas en unas ciertas justificaciones económicas, hacían marginar la esencia de la dignidad humana. “Bien común” -dice el Profesor Goldschmidt- es un término equivalente al término “justicia”. Gobernar con miras al bien común, y gobernar con justicia significa una y la misma cosa. Lo que pasa es que el término “bien común” indica cierta dirección a la justicia, la de tener en cuenta los intereses de todos y no sólo los de algunos, o sea, el bien particular”. “El bien común no se realiza por sucesivas realizaciones de bienes particulares distintos, por ejemplo alternando en el gobierno partidos distintos de los cuales cada uno sólo satisface los intereses del propio grupo. Es necesario que el gobernante tenga en consideración simultáneamente los intereses de todos. Y como de este modo no da a ninguno la plena satisfacción de sus intereses particulares, el gobernante justo enfrenta en fin de cuentas la oposición de todos." V- LA “VOLUNTAD NACIONAL” COMO FUNDAMENTO Y MOTOR DE UNA SOCIEDAD SANA Las relaciones en una comunidad política tienen que ver con el poder, pero también con la cultura, con estado de evolución de esa comunidad, con el ambiente y los recursos, pero sustancialmente con el carácter de la comunidad. Carlos Fayt sostiene que: “La nación es una comunidad, determinada objetivamente por el nacimiento o su asimilación y subjetivamente por nexos sociológicos, como el lenguaje, la religión, los usos, costumbres y hábitos de vida, y psicológicos, como la voluntad de pertenencia y conciencia de poseer un origen y un destino común, que se resuelven en determinadas formas de vida en común, cooperación y solidaridad. No predominan en ella los factores naturales sino los culturales. Adicionando al factor natural del nacimiento los restantes factores socio culturales, comprendemos la realidad de la comunidad nacional en cuanto formación social.” Este mismo autor, luego citando a Renán, define a la nación como “una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios realizados y los que se realizarán en caso necesario. Presupone un pasado, pero se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de la vida...” En un esfuerzo por medir el poder relativo de una nación, en relación con el resto de los organismos políticos, se ha elaborado la llamada fórmula de Cline, que no es otra cosa que una aproximación a cómo se compone ese poder. Se trata de una fórmula basada más en la apreciación subjetiva y su modalidad estructural que en una determinación matemática auténtica. Sin embargo, sus términos sirven para ejemplificar, o acercar la percepción del poder de una comunidad política. Pp= (C+E+M) x (S+W) donde Pp es poder nacional percibido. C: Masa Crítica (población + territorio). E: Capacidad Económica. M: Capacidad Militar. S: Propósito Estratégico/Interés Nacional. W: Voluntad Política para realizar el propósito u objetivo. De ésta fórmula que posteriormente sufrió modificaciones adicionándole otros componentes, nos vamos a detener en un componente de naturaleza espiritual: W que es el equivalente a la Voluntad Nacional. En un estudio que se llevó a cabo años atrás, se observó con sorpresa que en el seno de Latinoamérica, la República Argentina tenía muy desbalanceados los términos de esa fórmula de Cline. En efecto, mientras contaba con una masa crítica muy importante, tanto por los recursos naturales como por la calidad de educación de sus habitantes, y su composición social que excluía conflictos étnicos, el término W, es decir, la voluntad estaba notoriamente disminuida. Así como cuando una persona está “deprimida” produce un abandono de su aspecto, de su salud, desatiende sus vínculos familiares y sociales, y se desentiende muchas veces de sus obligaciones laborales, de igual forma una sociedad que tiene debilitada la “voluntad nacional”, carece de cohesión social, tiene deprimida su capacidad de decisión colectiva, es influida en extremo por las modas o los “slogans” que le impone la propaganda política o simplemente la publicidad, tiende a no ser protagonista de su propio destino y se deja “arrastrar” a las soluciones facilistas, sobrevalora sus derechos pero olvida sus obligaciones sociales, pierde conciencia de su pasado y de los sacrificios de quienes los precedieron en la nacionalidad, cambia sus símbolos nacionales por sucedáneos (como una camiseta de un equipo deportivo), abandona la “cultura del trabajo” por la mendicidad y la dádiva, y se deja arrastrar por el consumismo cortoplacista sin percibir que en el camino está dejando olvidando los valores que le dieron origen y sustento. Una sociedad sin valores está destinada a la extinción, ya que camina inevitablemente a su propia disolución. Ello no hace sino coincidir con un lugar común que hemos escuchado hasta el cansancio: aquello de que los argentinos somos brillantes individualmente hablando, pero que no somos capaces de trabajar en equipo. Por eso, se equivocan quienes ven la crisis argentina un problema económico y aun los que sostienen que se trata de un mero problema político. La crisis argentina es mucho más profunda y tiene que ver con un problema moral que se vincula con esa “voluntad nacional”. La voluntad nacional es el sentido de pertenencia, es la comunidad espiritual y es la conciencia de un destino común de un pueblo. Es el motor capaz de realizar las grandes transformaciones y de sentirse orgulloso frente a los demás pueblos de la tierra por los logros obtenidos. Se alimenta de conciencia, de lazos de solidaridad social, de acervo cultural común, de tradiciones y valores compartidos. La Voluntad Nacional no debe confundirse con xenofobias ni con exacerbaciones del nacionalismo, ni con el aislamiento cultural, económico o político de otros pueblos o naciones, ni mucho menos con una conducta beligerante o agresiva hacia todo lo extranjero, sino con la afirmación de la propia identidad y la capacidad de llevar adelante los desafíos del futuro. Todo parece muy abstracto, pero no lo es. No es una mera teorización, sino que es tan real como el carácter de una persona, su impulso, la huella que está dispuesto a dejar en la historia. Un claro ejemplo de Voluntad Nacional está puesto en la tarea común de reconquista que llevó a cabo el pueblo español para vencer paso a paso la ocupación que durante cinco siglos había sometido a gran parte de la península ibérica al poder de los árabes. Cuando un periodista norteamericano le preguntó a un general vietnamita cómo podía ser que un país tan pequeño como Vietnam hubiera podido vencer en una guerra a EEUU, que tenía enormes recursos, muy superiores a Vietnam, el general le contestó: “simplemente por la voluntad del pueblo de Vietnam. Vietnam a lo largo de su historia sufrió más de cien invasiones, pero en todas se impuso, simplemente porque todos sabíamos que estábamos luchando por nuestra patria, por nuestro suelo, teníamos una “estrategia sin tiempo”, el enemigo tenía un tiempo limitado para llevar adelante su guerra, nosotros teníamos voluntad y paciencia.” No es que en nuestra historia no haya ejemplos de “voluntad nacional”: el rechazo del pueblo de Buenos Aires, levantado en armas contra la segunda invasión inglesa, o la heroica acción del pueblo jujeño siguiendo al General Belgrano en el éxodo para dejar tierra arrasada al invasor español, son claros ejemplos de ello. Con acierto, el poeta Leopoldo Marechal, muy gráficamente decía entre sus versos en las primeras décadas del siglo XX: “Y dije todavía en la Ciudad, bajo el caliente sol de los herreros: “No sólo hay que forjar el riñón de la Patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón: es urgente poblar su costado de Arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses la Patria debe ser una provincia de la tierra y el cielo”. Sin lugar a dudas, esa comunidad de valores y tradiciones, esa capacidad de realizar cosas en común no está exenta de peligros, ya que la masa no se conduce a sí misma, necesita de dirigentes que conduzcan y dirijan esa voluntad como el cerebro ordena al cuerpo humano. Ello conlleva el peligro, de que dirigentes carentes de conciencia moral se adueñen temporalmente de esa voluntad nacional y la canalicen a objetivos disvaliosos. Por eso, los dirigentes de la comunidad deben ser sanos moralmente y compartir, junto a su pueblo, auténticos valores para poder conducir a la comunidad a la obtención del Bien Común. El mismo San Agustín dijo alguna vez: "Para ver la verdad no basta poseer los medios. Si el ojo no está sano no puede ver la luz del sol. La luz inteligible no se descubre sino a las inteligencias puras y a los ojos amantes...No toda alma racional, sino sólo aquella que por su santidad tiene la mirada límpida y serena, es la que se acomoda mejor al objeto de su contemplación..." De divers. quaest. 83 q. 41 Si el dirigente político no tiene grandeza de miras, si no es capaz de velar por el Bien Común, lejos estará de comprender qué tiene en sus manos y nos dirigirá hacia el abismo. Siendo Arzobispo de Buenos Aires, el actual Papa Francisco, dijo: “Una política sin mística para los demás, sin pasión por el bien, termina siendo un racionalismo de la negociación, o un devorarlo todo para permanecer por el solo goce del poder. Aquí no hay ética posible simplemente porque el otro no despierta interés”. VI- LAS PROPUESTAS PARA SALIR DEL DETERIORO Alguna vez, alguien de una gran autoridad moral y conocimiento filosófico, le señaló al suscripto, que “la moral la transmiten las madres”. En efecto, sea esto cierto o no, la primera educadora de la persona es la familia. Si la familia no está sustentada en valores, o si su visión de los valores está distorsionada por vicios, por la miseria o el abandono, difícilmente puedan transmitirse valores que sean saneadores del actual estado de la sociedad. Pero esa formación “en valores” no se produce espontáneamente. La moral es el producto de la transmisión de ejemplos y principios a través de varias generaciones. Si bien Carlos Nino, en su clásica obra “Un país al margen de la ley” pone el acento en las propuestas institucionales, antes de obtener las reformas institucionales que son indispensables para modificar este estado de cosas, hay que destacar que se necesita contar con dirigentes que tengan la voluntad política de cambio. Como es sabido las grandes transformaciones de la sociedad las preparan los filósofos, las protagonizan las masas, pero las conducen las elites. Entonces, además de la identificación de los problemas, que corresponde a los pensadores, resulta indispensable contar con un grupo de políticos comprometidos, no con las próximas elecciones sino con un proyecto de país, que respetando la multiplicidad de opiniones, coincidan en un proyecto común a largo plazo. El proyecto común fue expresado con claridad en el Preámbulo de la Constitución Nacional, que enumera los grandes objetivos nacionales. Sería conveniente que los partidos políticos repasaran frecuentemente dicho breve texto para compararlo con sus propuestas y para saber en qué medida se adecuan a esos grandes objetivos. Es indispensable contar con estadistas, que superen la tentación de las próximas elecciones, para pensar en cinco, diez, cincuenta años (en función de la población y su distribución, que cantidad de energía requeriremos, cuántas autopistas y caminos, cuantas vías férreas, puertos, cómo asumiremos los problemas de la salud, cómo será la educación, los servicios de justicia, la policía, el diseño de unas Fuerzas Armadas indispensables para preservar no sólo el territorio sino los recursos naturales cada vez más escasos, los servicios públicos, etc.). Por más que se lograra revertir la tendencia al abandono de los principios sociales de solidaridad, honestidad, rectitud, esfuerzo personal, el tiempo que requiere esa tarea insustituible e inevitable, exige medidas que no pueden dar resultados inmediatos. Por ello, para salir de la actual situación, se requieren medidas inmediatas, otras mediatas, y finalmente a largo plazo. Entre las medidas inmediatas podemos señalar una prédica, si es necesario soportada con una campaña publicitaria, que resalte la importancia de retomar a los conceptos de Bien Común, solidaridad, honestidad, trabajo, esfuerzo personal, confrontadas con una realidad de corrupción, enfrentamientos sociales estériles, abandono de la cultura del trabajo, etc. También resulta indispensable, como medida inmediata, dar a la sociedad un mensaje de determinación en las tareas de poner fin a la corrupción: un agravamiento de las penas de los delitos que involucren a la función pública e impliquen enriquecimiento ilícito, sobornos, peculados, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero; una modificación que determine que este tipo de delito no son excarcelables, ni susceptibles de penas de ejecución condicional y en lo posible, de carácter imprescriptibles. Como el agravamiento de las penas no sirve para nada si no hay fiscales y magistrados dispuestos a investigar y a aplicar la ley, es indispensable que se comience a aplicar este tipo de castigos severos a personajes públicos más gravemente implicados en estos delitos. El mensaje a la sociedad debe ser claro: no se tolerará más la corrupción, para producir un efecto que sirva de ejemplo para el resto de los sujetos comprendidos en ese “universo” sociológico, de modo de reforzar el efecto “disuasivo” de la pena, sobre todo teniendo en cuenta que quienes participan de este tipo de delito suelen ser personas bastante cobardes. Ello es necesario, no sólo por el hecho de que al encontrarse tan generalizada en la Administración y en general en la sociedad, las conductas de corrupción, se investigan una muy pequeña proporción, y muy pocas veces terminan dichos procesos en sentencias condenatorias. Resulta así indispensable que cuando llega a oídos de las Justicia un hecho de corrupción, éste sea investigado con celeridad, y alcance las etapas de juicio y sentencia. No estamos hablando aquí de seleccionar algunos casos y dejar de lado otros, ni mucho menos de dejar de lado las garantías constitucionales y procesales, ni de dejar el análisis con severidad de las pruebas, o abandonar la presunción de inocencia. Todo lo contrario: la Justicia debe aplicarse con toda precisión, conforme a la ley, en los casos en que tienen intervención los Jueces, cuidando que con dilaciones procesales no se termine esterilizando el procedimiento. Resultaría sano también, reforzar el concepto de la responsabilidad civil de los funcionarios, para que deban responder individualmente, tal como se lo concibió en el Código Civil. Un restablecimiento del Tribunal de Cuentas de la Nación -pero sobre bases de total independencia del poder político-. Algo escandaloso que se vivió en los últimos años, fue el hecho de que la Procuración del Tesoro de la Nación instruyó a los abogados de los ministerios y organismos del Estado a asumir la defensa penal de los funcionarios imputados por hechos vinculados a sus funciones. Se confunde de esta manera las obligaciones de representación del Estado con la defensa individual de los funcionarios. En cuanto al mediano plazo, deben encararse medidas de orden institucional y educativo. En lo institucional, debería ponerse fin a prácticas políticas que implican un ejercicio de la democracia alejada de las necesidades de la sociedad. Tal vez sea necesario para ello llevar adelante una nueva reforma constitucional que restaure los valores del federalismo y del carácter representativo del gobierno. Podríamos dar muchos ejemplos de desviación del poder, sustentado en normas formalmente legales e incluso constitucionales, pero para no hacer extenso este análisis, quisiera referirme a una cuestión que significó una gran alteración de nuestro sistema político en la reforma de 1994. Durante años se toleró lo que se dio en llamar legislación de emergencia y el régimen de coparticipación, mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo se hacía de impuestos que originalmente eran provinciales o compartidos con las provincias y luego disponía su distribución según a las “necesidades” de cada una de ellas. Cabe recordar, que en el esquema original de nuestra Constitución, los impuestos directos correspondían a las provincias, teniendo la Nación área de competencia sobre tributos indirectos, rentas de Aduana y Correos. La Constitución también preveía, mediante la llamada cláusula de progreso, que el Estado Nacional debía contribuir al desarrollo de las provincias mediante auxilios al establecimiento de industrias y poblaciones, todo ello según facultades especiales del Congreso de la Nación. Así, el sistema federal ideado por Alberdi hacía coincidir la autonomía política de las provincias con su capacidad económica. Pero la legislación de emergencia, prorrogada indefinidamente, como en el caso del impuesto a las Ganancias, transformó a las provincias de estados autónomos en estados vasallos del poder central. Pero peor aún, cuando el poder central lo decidiera, sólo prestaría el auxilio a aquellas provincias alineadas políticamente con ese poder y condenaría a la penuria a las provincias díscolas. Entonces, se dio una situación paradojal: mientras la Constitución Nacional proclama que la República Argentina es un Estado Federal, la realidad política y económica, reduce el federalismo a una mera cuestión electoral, siendo en sustancia, un estado marcadamente unitario. Ello se vio agravado gracias a la reforma de 1994, que incorporó al régimen de la Constitución el sistema de coparticipación federal en materia impositiva, con una generalización de impuestos coparticipables -excluidos los aduaneros y los que tuvieran asignaciones específicas-. El resultado, según dice María Angélica Galli , es la cristalización de un sistema impositivo mediante el cual se diluye el principio del gravamen pagado por quien se beneficia con el gasto, disolviendo la relación entre el contribuyente provincial y el estado provincial a favor de una relación contribuyente - estado federal. La misma reforma introdujo una modificación con el fin declarado de producir una atenuación del poder presidencial, prohibiendo al Congreso Federal delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo (art. 76) y dos interdicciones al Presidente: promulgar parcialmente proyectos de ley (art. 80) y emitir disposiciones de carácter normativo (art. 99 inc. 3). Pero seguidamente, en los tres casos se establecieron sus excepciones. La reforma admitió la delegación legislativa en materias determinadas de la administración y por causa de emergencia pública. Pero la norma no excluye ningún tema a ser contemplado en la emergencia, y si bien se impone la existencia de un plazo, no se establece cuál será ni que éste no pueda ser prorrogado indefinidamente por reiteradas aprobaciones del Presupuesto. Un reclamo que se escuchó en la famosa crisis del 2001, fue que se pusiera fin a las denominadas “listas sábanas”. No fue escuchado, o la mayoría de los políticos, al llegar al Congreso miró para otro lado. Otras corruptelas que son una verdadera burla al electorado y a las instituciones se dio cuando se llamó a dirigentes políticos, particularmente a gobernadores e intendentes, a integrar las llamadas “candidaturas testimoniales”, lo que en realidad significaba que quienes eran electos no habrían de cumplir el mandato del pueblo, sino testimoniar su subordinación al Poder Ejecutivo, dejando sus lugares a ignotos componentes de las mencionadas listas sábana. Este tipo de conductas debe ser expresamente prohibida. Así observamos que, con la invalorable colaboración de los partidos políticos, un cierto sector de la población que ha dado en llamarse “clase política” deambula por distintos cargos durante años, y casi nunca retorna a la vida laboral habitual de cualquier ciudadano común. La solución que se impone, es no sólo la limitación de los mandatos, sino la discontinuidad de las funciones públicas, a los efectos de permitir el necesario recambio y el contacto de los dirigentes con la realidad de todos los días propia de la vida laboral. Y ya que hablamos de partidos políticos, la Constitución de 1853 ni siquiera los nombraba. Sin embargo, la reforma de 1984 les dio el carácter de “instituciones fundamentales del sistema democrático” (art. 38 C.N.). Como lo señala la doctrina, si bien la Corte Suprema nunca se definió definitivamente por la exclusividad de los partidos políticos en las postulaciones electorales, la redacción del art. 38 mencionado, al garantizar a los partidos la “competencia de los partidos políticos para la postulación de los candidatos”, ha dado más firme pie para quienes sostuvieron el monopolio partidario para la postulación a los cargos electivos, en desmedro de los ciudadanos independientes. La Justicia electoral, por su parte, afirmó que “la norma no impone ni prohíbe el monopolio partidario de las candidaturas”, y en consecuencia sostuvo que correspondía al Congreso establecer el sistema más adecuado a fin de armonizar el interés privado y el público, comprometidos en la controversia. Respecto del fondo de la cuestión, cual hábil torero en el manejo de su capote, la Cámara Nacional Electoral no se pronunció sobre la inconstitucionalidad de esa interpretación exclusivista, no obstante, resaltar, siguiendo la opinión de Sabsay, que “la crisis que acusan en la actualidad los partidos políticos, y la indiferencia que ellos producen en la inmensa mayoría de la ciudadanía constituye un desafío a la búsqueda de soluciones que ‘oxigenen’ su desenvolvimiento.” Pero la cuestión no quedó allí, porque en la misma reforma de 1994, el art. 54 claramente establece que en la conformación de la Cámara de Senadores corresponden por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires tres senadores, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos.... (El subrayado es mío). Este artículo, como recordaremos, dio lugar a la controversia entre dos candidatos a senadores por la Ciudad de Buenos Aires, el Sr. Leopoldo Bravo y el Dr. Gustavo Béliz, ya que Bravo, mediante distintos partidos y alianzas había obtenido la mayor cantidad de los votos, pero resulta que el Sr. Beliz fue el candidato del partido más votado. La controversia se zanjó por la Cámara Nacional Electoral a favor de éste último, consagrando el principio de supremacía partidaria. Hasta hace algunos años atrás la doctrina discutía a quien pertenecían las bancas legislativas, si al partido o a los legisladores. Ello con motivo de haberse puesto de moda lo que se dio en llamar “disciplina partidaria”. A diferencia de los Estados Unidos, en nuestro país había una larga tradición de partidos cerrados, a diferencia del llamado sistema de partidos abiertos que es tradición en el país del norte. Pero como nuestra Constitución de 1853 tomó en gran parte como modelo la Constitución Norteamericana, quedó escrito que mientras los Senadores representaban a las Provincias, los Diputados eran los representantes del Pueblo de la Nación. No de los partidos políticos por los cuales habían sido electos, sino de todo el Pueblo Argentino. Lamentablemente, la disciplina partidaria hizo que algunos Senadores votaran inclusive contra los intereses de sus propias provincias, y los diputados sólo escucharan la voz de quienes bajaban líneas desde el partido o desde el Poder Ejecutivo, siendo excepcionales los casos de independencia de criterio, salvo en cuestiones no determinantes. Las jubilaciones “de privilegio” constituyen otro de los aspectos más irritantes en medio de una realidad argentina en la que las cajas de jubilaciones fueron saqueadas con fines políticos, desviados sus fondos incluso para financiar emprendimientos privados, y con remuneraciones que no responden a las perspectivas de equidad y esencialidad alimentaria que ha señalado la jurisprudencia. El Congreso de la Nación mira hacia otro lado cuando se trata de abolir estas injustas desigualdades. Las excusaciones merced a la “inmunidad” de los legisladores basada en los “fueros parlamentarios” : La inmunidad fue concebida como una medida para evitar que se ejerciera presión persecutoria sobre los legisladores respecto de las opiniones y planteos que formularan en ejercicio de sus mandatos, pero no para que evitaran la investigación, juzgamiento y condena de los mismos en caso de delitos comunes o delitos que nada tienen que ver con su actividad como legisladores, como lo ha interpretado varias veces el Congreso de la Nación, con claros objetivos sectoriales. La sanción de las últimas leyes sancionadas por el Congreso, con la clara intención de avanzar sobre la autonomía del Poder Judicial, prendieron una señal de alarma en la inmensa mayoría de la población y de las instituciones. Finalmente la Corte Suprema tuvo oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley del Consejo de la Magistratura, pero los daños producidos al modificar las normas sobre amparo, y creación de Cámaras de Casación, sólo tendrán un efecto dilatorio o de denegación de justicia para los ciudadanos. Algo le toca aquí a los miembros del Poder Judicial: no es posible continuar con las prácticas de excluir a los jueces y demás miembros del Poder Judicial de la obligatoriedad de pago del impuesto a las ganancias en la misma manera y proporción que cualquier ciudadano es alcanzado en idénticas circunstancias. La excusa de “no disminuir la remuneración” sólo tiene justificativo frente a alguna medida discriminatoria tendiente a impedir el ejercicio de la judicatura, pero no puede interpretarse que el pago de un impuestos como el resto de los ciudadanos constituye una situación de estas características. En todo caso, de tener que suprimirse la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ello debe ser hecho para todos los trabajadores en relación de dependencia. Una de las grandes transformaciones del país, que dio características que lo hicieron distinguir en el concierto de las naciones fue el plan de educación que se inició con la Presidencia de Sarmiento. Si quienes elaboraron este Plan, en el cual tuvo activa participación el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr. Nicolás Avellaneda, hubieran pensado en el corto plazo, nunca hubieran desarrollado esta gran obra. Durante la Presidencia de D.F. Sarmiento se crearon las primeras escuelas normales, el Colegio Militar (1870), la Escuela Naval (1872), el Observatorio Astronómico (1872), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y alrededor de ochocientas escuelas primarias. Durante su gobierno la población escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Proyectó la ley sobre la creación de bibliotecas públicas y abrió las primeras escuelas públicas y creó también las primeras escuelas para sordomudos. Esta obra, con las críticas que pudo haber tenido, constituyó un verdadero monumento reconocido en toda América y tenido como modelo en otros países. Aquí vemos el accionar de un verdadero estadista. Justamente en la educación moral y cívica está una de las claves para producir transformaciones esenciales para recuperar la voluntad nacional, a la vez el método más justo y eficaz para superar las diferencias sociales, para producir una mejor justicia distributiva. La educación es el instrumento para la verdadera movilidad social, y permitirá salir de la trampa del clientelismo y la dádiva como sustento de la política partidaria. Pero para lograr ello, también se debe reencauzar la formación de los docentes, no sólo una mayor capacitación en materias esenciales a la formación de la nacionalidad como historia, geografía, e Idioma Nacional, sino a los valores que debe llevar adelante un docente que tiene a su cargo la formación de la niñez y la juventud. Hace algunos años solamente, el ejercer la docencia era considerada una verdadera vocación, casi un sacerdocio por su dedicación. Hoy tristemente asistimos a meses enteros sin clases basados en reclamos sindicales de los docentes que toman como verdaderos rehenes a los alumnos (y a sus padres), privándolos de capacitación y contención que debe proporcionar la escuela. No se trata de ignorar que los docentes, como todo trabajador, merecen una remuneración que les permita desarrollarse y vivir dignamente, sino de restaurar el sistema educativo asumiendo las responsabilidades que le competen a cada uno: presupuestos adecuados para una educación pública que permita igualar en oportunidades a todas las clases sociales, tal como fue tradicional hasta hace unos años, contención de los niños y adolescentes y prevención de eventuales problemas, por ejemplo, con campañas adecuadas de educación en psico-profilaxis, alimentación adecuada, vacunación masiva, reglas de conducta, higiene, urbanidad, respeto a nuestros símbolos, pensamientos positivos en miras a un futuro compartido, iniciativas de solidaridad. En los últimos años se ha hecho de la educación una de las cajas de resonancia de la propaganda política, tergiversando hechos del pasado o dando visiones sesgadas de la realidad. No se trata aquí de opiniones divergentes de distintos historiadores que alimentan su visión desde distintas ópticas -lo cual resulta inevitable en esa “representación intelectual” que es la historia-, sino de acciones deliberadas de ocultamiento de circunstancias y a giros ideológicos unidireccionales excluyendo el pensamiento crítico. Al libre debate de las ideas ha sucedido el “pensamiento único”, el “pensamiento políticamente correcto”, obviando de esta forma lo que hace crecer intelectualmente a los jóvenes: la posibilidad de discernir, de discutir, de involucrarse en distintas corrientes de pensamiento que necesariamente deben conocer para poder asumir. Otros de los desvíos notorios de la educación, es la suposición de que “tecnificando” a la escuela, por ejemplo repartiendo entre los alumnos computadoras portátiles, se podría mejorar la educación o la igualdad de oportunidades. No está mal acercar a quienes menos tienen la posibilidad de un mundo cada vez más informatizado, lo que está pésimo es que esos mismos jóvenes no puedan escribir o leer correctamente o no tengan nociones fundamentales de matemática, biología, geografía u otras disciplinas que clásicamente formaban parte de la currícula de la escuela argentina. Resulta absurdo por ejemplo que el ingreso a la Universidad de Buenos Aires haya sido reemplazado por el llamado Ciclo Básico Común, asumiendo la necesidad de una “actividad niveladora” producto de reconocer el fracaso de la preparación de quienes egresan del secundario (y no sólo de las escuelas públicas), cuando lo que se debe restaurar es la verdadera capacitación. No se trata de elegir la contención frente a la exigencia. Ambos aspectos son indispensables en la escuela, porque de esa manera el individuo va aprendiendo que así como tiene derechos también tiene obligaciones con los demás y con la sociedad. El relajamiento de la disciplina, con la supresión de las sanciones, no sirve para la contención de los adolescentes, sólo ha aumentado el abandono y la violencia en la escuela pública, a punto tal, que los más humildes temen mandar a sus hijos a escuelas donde se ven expuestos a múltiples peligros. Si logramos restaurar la escuela pública universalizada para todos los habitantes del suelo argentino, sobre la base de la capacitación humanística, científica y moral, habremos de ganar para las próximas generaciones un cambio cultural, una transformación de las costumbres que restaure en el seno de las familias los valores de solidaridad que son el cimiento del Bien Común. Y aquí volvemos al principio de este capítulo, ya que si logramos restaurar los principios morales en las familias, -no estamos hablando de una moralina o de una actitud hipócrita que exhiba una moral meramente exterior, sino de verdaderos valores que se sustenten en el amor y la solidaridad y no en el castigo, habremos logrado restaurar el espíritu que conforma la Voluntad Nacional. Para que todo ello pueda hacerse realidad, se requerirá de patriotas, de hombres y mujeres comprometidos con nuestra Nación, con nuestro Pueblo, conscientes de que una nación no es sino una gran familia por la cual hay que velar, cuidar su patrimonio, proteger y hacer crecer en virtud, sabiduría y bienes materiales. Por eso, nada mejor que recordar al General Belgrano, ejemplo de sacrificio y patriotismo, que alguna vez escribió: "Era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro, a la faz del universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni una sola concedía a un objeto particular, por más que me interesase. El bien público estaba a todos instantes ante mi vista." BIBLIOGRAFÍA: D’AURIA, Aníbal. TEORÍA Y CRÍTICA DEL ESTADO. Eudeba. Buenos Aires, 2012. BERGOGLIO, Jorge Mario. NUESTRA FE ES REVOLUCIONARIA. Investigación y compilación: Virginia Bonard. Planeta. Buenos Aires, 2013. GELLI, María Angélica. CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. COMENTADA Y CONCORDADA. Ed. La Ley. Buenos Aires. 3ra. Ed. FAYT, Carlos S. DERECHO POLÍTICO. Abeledo - Perrot, Buenos Aires [1973]. GOLDSCHMIDT, Werner. INTRODUCCIÓN FILOSÓFICA AL DERECHO. Ediciones Depalma. Buenos Aires, [1980]. HELLER, Hermann. 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Amar a la Patria por Leonardo Castellani S.J.

"Amar la Patria es el amor primero y el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero ya son un sólo amor, ya no son dos". Padre Leonardo Castellani SJ

El iIustre amor - 1797- (Misteriosa Buenos Aires) por Manuel Mujica Láinez

En el aire fino, mañanero, de abril, avanza oscilando por la Plaza Mayor la pompa fúnebre del quinto Virrey del Río de la Plata. Magdalena la espía hace rato por el entreabierto postigo, aferrándose a la reja de su ventana. Traen al muerto desde la que fue su residencia del Fuerte, para exponerle durante los oficios de la Catedral y del convento de las monjas capuchinas. Dicen que viene muy bien embalsamado, con el hábito de Santiago por mortaja, al cinto el espadín. También dicen que se le ha puesto la cara negra. A Magdalena le late el corazón locamente. De vez en vez se lleva el pañuelo a los labios. Otras, no pudiendo dominarse, abandona su acecho y camina sin razón por el aposento enorme, oscuro. El vestido enlutado y la mantilla de duelo disimulan su figura otoñal de mujer que nunca ha sido hermosa. Pero pronto regresa a la ventana y empuja suavemente el tablero. Poco falta ya. Dentro de unos minutos el séquito pasará frente a su casa. Magdalena se retuerce las manos. ¿Se animará, se animará a salir? Ya se oyen los latines con claridad. Encabeza la marcha el deán, entre los curas catedralicios y los diáconos cuyo andar se acompasa con el lujo de las dalmáticas. Sigue el Cabildo eclesiástico, en alto las cruces y los pendones de las cofradías. Algunos esclavos se han puesto de hinojos junto a la ventana de Magdalena. Por encima de sus cráneos motudos, desfilan las mazas del Cabildo. Tendrá que ser ahora. Magdalena ahoga un grito, abre la puerta y sale. Afuera, la Plaza inmensa, trémula bajo el tibio sol, está inundada de gente. Nadie quiso perder las ceremonias. El ataúd se balancea como una barca sobre el séquito despacioso. Pasan ahora los miembros del Consulado y los de la Real Audiencia, con el regente de golilla. Pasan el Marqués de Casa Hermosa y el secretario de Su Excelencia y el comandante de Forasteros. Los oficiales se turnan para tomar, como si fueran reliquias, las telas de bayeta que penden de la caja. Los soldados arrastran cuatro cañones viejos. El Virrey va hacia su morada última en la Iglesia de San Juan. Magdalena se suma al cortejo llorando desesperadamente. El sobrino de Su Excelencia se hace a un lado, a pesar del rigor de la etiqueta, y le roza un hombro con la mano perdida entre encajes, para sosegar tanto dolor. Pero Magdalena no calla. Su llanto se mezcla a los latines litúrgicos, cuya música decora el nombre ilustre: "Excmo. Domino Pedro Melo de Portugal et Villena, militaris ordinis Sancti Jacobi..." El Marqués de Casa Hermosa vuelve un poco la cabeza altiva en pos de quién gime así. Y el secretario virreinal también, sorprendido. Y los cónsules del Real Consulado. Quienes más se asombran son las cuatro hermanas de Magdalena, las cuatro hermanas jóvenes cuyos maridos desempeñan cargos en el gobierno de la ciudad. -¿Qué tendrá Magdalena? -¿Qué tendrá Magdalena? -¿Cómo habrá venido aquí, ella que nunca deja la casa? Las otras vecinas lo comentan con bisbiseos hipócritas, en el rumor de los largos rosarios. -¿Por qué llorará así Magdalena? A las cuatro hermanas ese llanto y ese duelo las perturban. ¿Qué puede importarle a la mayor, a la enclaustrada, la muerte de don Pedro? ¿Qué pudo acercarla a señorón tan distante, al señor cuyas órdenes recibían sus maridos temblando, como si emanaran del propio Rey? El Marqués de Casa Hermosa suspira y menea la cabeza. Se alisa la blanca peluca y tercia la capa porque la brisa se empieza a enfriar. Ya suenan sus pasos en la Catedral, atisbados por los santos y las vírgenes. Disparan los cañones reumáticos, mientras depositan a don Pedro en el túmulo que diez soldados custodian entre hachones encendidos. Ocupa cada uno su lugar receloso de precedencias. En el altar frontero, levántase la gloria de los salmos. El deán comienza a rezar el oficio. Magdalena se desliza quedamente entre los oidores y los cónsules. Se aproxima al asiento de dosel donde el decano de la Audiencia finge meditaciones profundas. Nadie se atreve a protestar por el atentado contra las jerarquías. ¡Es tan terrible el dolor de esta mujer! El deán, al tornarse con los brazos abiertos como alas, para la primera bendición, la ve y alza una ceja. Tose el Marqués de Casa Hermosa, incómodo. Pero el sobrino del Virrey permanece al lado de la dama cuitada, palmeándola, calmándola. Sólo unos metros escasos la separan del túmulo. Allá arriba, cruzadas las manos sobre el pecho, descansa don Pedro, con sus trofeos, con sus insignias. -¿Qué le acontece a Magdalena? Las cuatro hermanas arden como cuatro hachones. Chisporrotean, celosas. -¿Qué diantre le pasa? ¿Ha extraviado el juicio? ¿O habrá habido algo, algo muy íntimo, entre ella y el Virrey? Pero no, no, es imposible... ¿cuándo? Don Pedro Melo de Portugal y Villena, de la casa de los duques de Braganza, caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de cámara en ejercicio, primer caballerizo de la Reina, virrey, gobernador y capitán general de las Provincias del Río de la Plata, presidente de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, duerme su sueño infinito, bajo el escudo que cubre el manto ducal, el blasón con las torres y las quinas de la familia real portuguesa. Indiferente, su negra cara brilla como el ébano, en el oscilar de las antorchas. Magdalena, de rodillas, convulsa, responde a los Dominus vobis cum. Las vecinas se codean: ¡Qué escándalo! Ya ni pudor queda en esta tierra... ¡Y qué calladito lo tuvo! Pero, simultáneamente, infíltrase en el ánimo de todos esos hombres y de todas esas mujeres, como algo más recio, más sutil que su irritado desdén, un indefinible respeto hacia quien tan cerca estuvo del amo. La procesión ondula hacia el convento de las capuchinas de Santa Clara, del cual fue protector Su Excelencia. Magdalena no logra casi tenerse en pie. La sostiene el sobrino de don Pedro, y el Marqués de Casa Hermosa, malhumorado, le murmura desflecadas frases de consuelo. Las cuatro hermanas jóvenes no osan mirarse. ¡Mosca muerta! ¡Mosca muerta! ¡Cómo se habrá reído de ellas, para sus adentros, cuando le hicieron sentir, con mil alusiones agrias, su superioridad de mujeres casadas, fecundas, ante la hembra seca, reseca, vieja a los cuarenta años, sin vida, sin nada, que jamás salía del caserón paterno de la Plaza Mayor! ¿Iría el Virrey allí? ¿Iría ella al Fuerte? ¿Dónde se encontrarían? -¿Qué hacemos? -susurra la segunda. Han descendido el cadáver a su sepulcro, abierto junto a la reja del coro de las monjas. Se fue don Pedro, como un muñeco suntuoso. Era demasiado soberbio para escuchar el zumbido de avispas que revolotea en torno de su magnificencia displicente. Despídese el concurso. El regente de la Audiencia, al pasar ante Magdalena, a quien no conoce, le hace una reverencia grave, sin saber por qué. Las cuatro hermanas la rodean, sofocadas, quebrado el orgullo. También los maridos, que se doblan en la rigidez de las casacas y ojean furtivamente alrededor. Regresan a la gran casa vacía. Nadie dice palabra. Entre la belleza insulsa de las otras, destácase la madurez de Magdalena con quemante fulgor. Les parece que no la han observado bien hasta hoy, que sólo hoy la conocen. Y en el fondo, en el secretísimo fondo de su alma, hermanas y cuñados la temen y la admiran. Es como si un pincel de artista hubiera barnizado esa tela deslucida, agrietada, remozándola para siempre. Claro que de estas cosas no se hablará. No hay que hablar de estas cosas. Magdalena atraviesa el zaguán de su casa, erguida, triunfante. Ya no la dejará. Hasta el fin de sus días vivirá encerrada, como un ídolo fascinador, como un objeto raro, precioso, casi legendario, en las salas sombrías, esas salas que abandonó por última vez para seguir el cortejo mortuorio de un Virrey a quien no había visto nunca. FIN

LA ESCLAVITUD EN EL RÍO DE LA PLATA Y LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII (homenaje a la Asamblea cuando se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial) por Alejandro R. Melo

INTRODUCCIÓN Una de las reglas de la interpretación histórica consiste en no juzgar los hechos del pasado con criterio actual. Tal conducta equivale a sacar del contexto socio – cultural los acontecimientos del pasado y someterlos a un análisis “descarnado”, bajo el tamiz de criterios, valores, ideologías, prejuicios y puntos de vistas contemporáneos. Pero con la esclavitud confieso que cuesta mucho mantener la regla, no sólo porque se ha tratado de una forma de discriminación y genocidio, sino porque autores que convivieron con esa institución tuvieron también una mirada crítica de la misma. Lo único que no podemos hacer, es modificar el pasado. La esclavitud, bajo sus distintas modalidades, prácticamente estuvo presente en una multitud de civilizaciones y culturas del pasado, y aún hoy forma parte de la realidad cotidiana de nuestro mundo globalizado, cada vez más pequeño, tal vez ya no en su versión más clásica, sino bajo otras formas de explotación humana, donde la libertad está cercenada. ¿Cómo no recordar los ejemplos actuales de la trata de blancas o los trabajadores esclavos de talleres textiles clandestinos?, por citar algunos ejemplos referidos a nuestro propio país, o los ejemplos del principio de la industrialismo, donde los trabajadores teóricamente libres, eran sometidos a jornadas de trabajo interminables, en condiciones de hacinamiento y por una paga mísera, que a su vez discriminaba más si se trataba de mujeres y niños, considerando sus menores fuerzas en el proceso productivo. Lo cierto es que la esclavitud fue incluso sostenida teóricamente por autores como Aristóteles, quien la consideró una “institución natural”. Los pueblos precolombinos conocieron ciertas formas de esclavitud, a la que sometían normalmente a los guerreros vencidos, los que no pocas veces terminaban engrosando la cuota de sangre que se tributaba a los dioses paganos. La Edad Media, imbuida de los principios cristianos de la igualdad esencial de todos los seres humanos, conoció también otra forma de explotación humana, bajo la institución de la servidumbre. A ella nos referiremos más abajo, ya que gran parte de su legislación y de las soluciones que adoptaba la legislación y la jurisprudencia, fueron aplicadas a la esclavitud en la América española. Luego de la conquista de América por los europeos, el desarrollo de las actividades económicas implicó que rápidamente se necesitara de mano de obra “barata” para sostener el esfuerzo productivo. Si bien en un principio, se recurrió a la mano de obra indígena, apoyados en el miedo y en la existencia precolombina de ciertas tradiciones culturales que aceptaban la esclavitud o la servidumbre, tal el caso Yanaconazgo, cuya existencia legal, si bien marginal, se mantuvo en el territorio argentino hasta la abolición del mismo por la Asamblea del Año XIII, pronto se vio la oportunidad de recurrir a la mano de obra de esclavos africanos, más fuertes y menos considerados por la sociedad como verdaderos seres humanos. Este tipo de esclavitud, se diferenciaba del tipo de esclavitud tradicional, por el cual se sometía en los pueblos de la antigüedad al vencido en la guerra. El único objetivo de esta esclavitud era satisfacer necesidades económicas y sus víctimas no fueron guerreros sino simples habitantes de las sabanas africanas. El cuestionamiento intelectual y espiritual de pensadores como Fray Bartolomé de las Casas llevó pronto a los reyes de España a resguardar desde el punto de vista legislativo la “humanidad” de los nativos de las Indias y a convencer a los españoles que no podían someterlos a la esclavitud. Pero cosa distinta ocurrió sin lugar a dudas con los esclavos negros secuestrados en el África. La necesidad de la mano de obra, y cláusulas introducidas en tratados internacionales, pero sobre todo el prejuicio social generalizado que veía en el negro un ser “sub – humano”, dieron sustento a la legalización de la práctica esclavista. Si bien no hay cifras oficiales, algunas estimaciones hacen llegar al comercio negrero a América a la increíble cifra de 12 millones de personas secuestradas en el África. Por otro lado, todo intento de determinación choca con la circunstancia de que por fuera del comercio legal autorizado por la Corona, la principal fuente de provisión de esclavos negros fue el intenso contrabando que se produjo sobre todo a consecuencia de las restricciones al comercio. El mecanismo de los esclavistas era cruel y despiadado. La práctica incluía el secuestro y la cacería de hombres y mujeres como si fueran animales, o la compra a jefes de tribu. El traslado a costas americanas, se efectuaba en barcos en donde las víctimas eran traídas en forma brutal, sin higiene, mal alimentados y hacinados. Como se mencionó más arriba, este traslado brutal implicaba la muerte de la mayoría de ellos, llegando solo los más fuertes y resistentes. Luego, cuando llegaban a su destino eran clasificados según fueran hombres o mujeres y según sus aptitudes físicas y edades, eran marcados y vendidos en subastas públicas en el mismo puerto o asentamiento o trasladados a otras plazas para su comercialización. No seríamos justos, si no destacamos que durante el siglo XVI, pensadores españoles criticaron duramente el régimen de la esclavitud, por considerar que tanto esta condición como el comercio negrero eran injustos e inicuos. Así, se menciona a Fray Domingo de Soto, Fray Bartolomé de Albornóz y al mismo Fray Bartolomé de las Casas. En el siglo XVII se pueden mencionar la obra del Padre Alonso de Sandoval, y del Padre Pedro Claver. Pero, al lado de estos luchadores contra la esclavitud, no faltaron juristas y pensadores que la justificaron, aduciendo que el régimen esclavista existente en Indias, devenía de justos títulos, sea por compraventa o por nacimiento, o simplemente por la natural superioridad de la raza blanca. Siguiendo a un autor que se ha ocupado medulosamente de este tema, Diego Luis Molinari, cabe distinguir tres períodos en el comercio negrero en la América española: El régimen de licencias, el sistema de asientos y finalmente la libertad de tráfico. El régimen de Licencias, que se extendió hasta 1595, y que eran permisos concedidos por el rey a particulares, en los que se indicaba el plazo y el número de negros a ingresar. El sistema de los Asientos, que duró entre 1595 y 1789, mediante el cual un particular o una compañía se comprometía a introducir una cierta cantidad esclavos en los puertos americanos, abonando los correspondientes derechos a la Corona. El plazo de los asientos variaba entre cinco y nueve años. Los principales propietarios de asientos fueron comerciantes y compañías portuguesas, holandesas, francesas e inglesas, y constituyó un importante impulso para la expansión comercial de esas naciones, a la vez que facilitó el contrabando. Durante el siglo XVIII, se produce una gran explosión del comercio negrero, amparado en distintos tratados que celebró la Corona Española con Portugal, Francia y Gran Bretaña. Luego de accedido al trono Felipe V, y cuando ya estaba preparándose la llamada Guerra de Sucesión Española (que duró 13 años), el nuevo rey tuvo que intentar negociar con el rey de Portugal, Pedro II, a los efectos de mantener libre la espalda y no tener que confrontar con esa nación. El 7 de mayo de 1701, se firmó el tratado de Alfonsa, el cual establecía el reintegro de la Colonia del Sacramento a Portugal y por un convenio complementario del 14 de setiembre de 1701, Felipe V permite a la Compañía Real de Guinea, establecida en Francia, la introducción en Buenos Aires de quinientos a seiscientos negros africanos por año. Desatada ya la Guerra de Sucesión entre España y Francia por un lado, y Austria, Inglaterra y Holanda (y más tarde otros países de Europa) por el otro. Al cabo de 13 años penosos de guerra entre las coronas europeas, resultaron vencidos Felipe V y su aliado (y mentor) Luis XIV de Francia. Esta derrota llevó a una serie de tratados conocidos como “La Paz de Utrecht”, celebrados en 1713, de múltiples consecuencias geopolíticas y económicas en Europa y en el Nuevo Mundo. En uno de ellos, “Su Majestad Católica concede a Su Majestad Británica y a la nación inglesa el pacto del asiento de negros por el término de treinta años consecutivos que empezarán a correr desde el 1° de mayo de 1713.” En ese mismo tratado, se dispone que en Buenos Aires “se señalará una extensión de terreno y se destinará a la compañía del referido asiento…para poder refrescar y guardar en seguridad sus negros hasta que se hayan vendido.” Este tratado preveía la introducción de 144.000 esclavos en las Indias. La South Sea Company recibió el privilegio de introducir esclavos negros en las Indias españolas, en los puertos de su elección. Esta compañía se estableció en la Plaza del Retiro, de Buenos Aires, con sus galpones y depósitos. El nombre de dicha plaza recordaba al Palacio del Buen Retiro de Madrid, donde se había firmado el tratado del asiento. “Entre 1713 y 1730, la South Sea Company introdujo en Buenos Aires un total de 8.600 esclavos de color. Por su parte, la Real Compañía Francesa de Guinea, entró entre 1701 y 1712, más de 3.400 negros. Los ingleses, en histórica avivada, junto con los negros introducían tejidos, destinados a ganar el mercado interior de la Argentina.” El sistema de los asientos fue reemplazado por la libertad de tráfico, otorgada a españoles y extranjeros a partir de 1789. Este cambio normativo, al parecer se produjo por varios motivos, entre ellos, los incumplimientos reiterados de los grandes asientos en los pagos a la Corona y el contrabando. Los orígenes de la normativa esclavista, al no existir un ordenamiento legal completo sobre la esclavitud se han buscado en la legislación medieval sobre servidumbre. En realidad, la normativa relativa a la esclavitud se refirió sobre todo la las autorizaciones de introducción de esclavos y a los asentamientos, la percepción de derechos y negocios, pero no en mejorar la suerte de los infelices esclavos. La prohibición de introducir esclavos en Indias sin autorización del monarca, tuvo objetivos fiscales y políticos. La remisión a la normativa del Fuero Juzgo y a las Leyes de Partida de Alfonso X son inevitables, pero sin embargo, esa falta de normativa específica, llevó a que las situaciones fueran resueltas en forma casuística por los tribunales indianos, adaptando soluciones que estaban previstas para una situación jurídica, si bien similar, no idéntica. En efecto, las diferencias entre servidumbre medieval y la esclavitud reside fundamentalmente en la potestad de compra – venta de personas que caracterizan a ésta última. En la servidumbre personal, la relación entre el señor y el siervo, se basa fundamentalmente en una vinculación jurídica a partir de la propiedad de la tierra. Derechos y obligaciones para ambas partes nacen de esa vinculación. En la esclavitud indiana, si bien el esclavo no estaba desprovisto de todo derecho, la libertad como atributo de la personalidad estaba ausente. No obstante ello, justo es advertirlo, algunos derechos se les reconocía a los esclavos americanos, basados fundamentalmente en consideraciones de Derecho Natural. Así, se le reconoce al esclavo la condición de persona humana –al menos teóricamente-, ya que tiene alma. También tiene derecho a tener una familia y al buen trato de su amo, y la posibilidad de llegar a obtener su libertad. Uno de los rasgos de la normativa de los siglos XVI y XVII respecto a los esclavos, es que indica la necesidad de la instrucción religiosa y el buen trato. Sin embargo, tal como se advirtió, desde el punto de vista jurídico, el esclavo era considerado una “cosa”, pero sui generis, ya que su propietario no podía matarlo, ni mutilarlo ni herirlo, pero podía venderlo, donarlo, alquilarlo, cederlo, hacerlo objeto de embargo. Estos derechos reconocidos teóricamente, no alcanzaban obviamente para evitar algunos malos tratos que terminaron infligiéndose a estos desgraciados, aunque los señores preferían mantenerlos en buena condición para poder comercializarlos en condiciones ventajosas. Recién hacia 1789, la Corona, por Real Cédula del 31 de mayo, estableció un estatuto para la condición de los esclavos negros, en el cual se intenta mejorar la condición de los mismos y el trato debido por sus amos. Poco duró esta normativa, ya que ante las protestas hicieron que en el año 1794 se suspendiera la aplicación de la misma. Una de las características de esta forma de esclavitud era que se trataba de una condición “de por vida”, y que era hereditaria, transmitiéndose por la vía materna, de manera tal que el hijo de la esclava nacía esclavo y pertenecía al dueño de la madre. Podían adquirir esclavos tanto personas físicas como corporaciones. Entre las personas físicas, como no había limitaciones, tanto los podían adquirir los hombres blancos, como los indios e incluso los propios libertos. Entre las corporaciones, se incluía a las órdenes religiosas, las sociedades comerciales, las cofradías, los cabildos e incluso la Real Hacienda. LA ESCLAVITUD EN EL RÍO DE LA PLATA Contra lo que pueda pensarse, existieron esclavos negros en Buenos Aires desde su primera fundación. La capitulación de Don Pedro de Mendoza de 1534, lo obligaba a trasladar 200 esclavos negros hombres y mujeres provenientes de España, Portugal, Guinea y Cabo Verde. La capitulación le prohibía al Adelantado vender esos esclavos en otras regiones no pacificadas, pero Don Pedro, negoció y antes de partir, logró que se lo autorizara a vender esclavos en la región más conveniente. La primera venta pública de esclavos se realizó en Buenos Aires en 1539, cuando el tesorero Don García Venegas, el contador, Don Felipe de Cáceres y el Capitán Alonso Cabrera hicieron poner en almoneda pública a dos esclavos durante nueve días. Se otorgaba el plazo de pago de un año, aquí o en España. Pero quien primero hizo introducir esclavos con fines agrícolas, industriales y extractivas en el interior del país fue fray Francisco de Victoria, Obispo del Tucumán. Éste hombre impío, luego de encabezar una expedición comercial al sur del Brasil, además de mercadería y algunos sacerdotes, logró traer al actual territorio argentino unos 60 esclavos negros. Este Obispo se constituyó, por su parte en el principal contrabandista de esclavos del país. Hacia 1594, cada familia porteña poseía un esclavo negro con la introducción de 64 de ellos. Hacia 1601 los españoles de Chile solicitaron permiso para introducir esclavos por el puerto de Buenos Aires para trabajar en las minas por cuenta del Rey o para satisfacer necesidades de mano de obra. Luego de ello, se logró la conexión directa con el África y los mercaderes esclavistas recalaban directamente en el puerto de Buenos Aires. También eran traídos desde Brasil. La competencia que se hacía desde el Potosí, con la explotación de las minas, puso en alerta a los limeños, que protestaron ante la Corte, y lograron en 1594 se cerrara el puerto de Buenos Aires a la importación de esclavos y otras mercancías provenientes de Brasil, Angola, Guinea, o cualquier otra parte proveniente de Portugal. Poco duró la prohibición. En realidad, los portugueses tenían una larga tradición de explotación negrera, aun antes del descubrimiento de América, ya que habían tomado posesión de puntos estratégicos en la costa africana, y desde allí salían los buques cargados de esclavos para Europa. El comercio de esclavos, denominados “piezas” se pagaba con todo tipo de bienes además del metálico, tales como ganado, caballos, cuero y sebo. De viaje de vuelta, los buques negreros regresaban con oro y plata. Se daba la paradoja que los esclavos destinados a las minas del Potosí, fueron trasladados a las minas encadenados con cadenas, collares y candados elaborados por orfebres ingleses con la misma materia prima que se extraía de esas minas. En 1595 comenzó el sistema de asientos en Buenos Aires. El primero de ellos fue con el portugués Pedro Gomes Reynel, a quien se le autorizó a introducir 600 esclavos en este puerto. Hacia 1629, Felipe IV autorizó a su hermano, el infante Fernando, cardenal y obispo de Toledo, a introducir por el puerto de Buenos Aires 1.500 esclavos negros. Sin embargo, este permiso se extendió posteriormente hasta 1636, autorizándose a introducir 6.000 “piezas”, aunque se sabe que llegaron vivos alrededor de 4.000 esclavos. La Corona española celebra un contrato con traficantes de esclavos genoveses en 1662, y donde se habla de la condición que debían tener los esclavos introducidos: “negros de siete cuartas de altura como mínimo, que no fuesen ciegos, tuertos o tuviesen otros defectos. Los bajos y defectuosos eran computados como una parte variable de ella, de acuerdo al defecto” . La Audiencia de Buenos Aires efectuó varios reclamos para introducir en el Río de la Plata más esclavos, ya que se atribuía a la falta de ellos el abandono que por entonces tenían las estancias bonaerenses. Un momento significativo se da en 1680 cuanto los portugueses fundan Colonia del Sacramento en la Banda Oriental. Allí organizan el contrabando de esclavos hacia Buenos Aires. Como España carecía de bases africanas, -dice Titto-, estaba obligada a entregar la trata de esclavos a empresas o intermediarios extranjeros. Francia, Inglaterra, Holanda y otros países europeos utilizan Colonia para introducir negros del África. Francia no pudo cumplir con la introducción del cupo que pactó con la Corona española, limitándose a introducir sólo un 40% de lo acordado, ello, a pesar de negociar parte de los cargamentos con ingleses y holandeses. A consecuencia de los tratados de España con Inglaterra como resultado de la Paz de Utrecht, a partir de 1713, comenzó la introducción sistemática de los esclavos por Inglaterra. Hubo mucho contrabando y corrupción, porque el soborno a las autoridades estaba a la orden del día, así como la falta de controles y las violaciones a las condiciones autorizadas. Pero el problema que preocupaba más a la Corona, no eran éstos, sino la falta de pago de derechos que implicaba la introducción de esclavos por parte de portugueses, franceses y holandeses. La compañía inglesa dejó de funcionar en 1750, lo que acarreó la necesidad para la Corona de proveer nueva mano de obra negra. Entonces, los Borbones trataron de de liberar paulatinamente el tráfico de esclavos mediante la creación de compañías de comercio, como la de Filipinas (1785), y luego la sanción del Reglamento de Libre Comercio de 1778 y la Real Cédula de 1791, que liberaba el tráfico de esclavos a cambio de la salida de frutos del país. Los esclavos negros introducidos en el Río de la Plata provenían en su mayoría del África, y sólo a partir de 1750 este tráfico fue reemplazado gradualmente por esclavos de raza negra de segunda o tercera generación, introducidos por los esclavistas portugueses desde el Brasil. Normalmente tenían sus orígenes en el Congo y en Angola, ya que se consideraba que estos hombres eran más fuertes y dóciles. En el Río de la Plata, alejado de las grandes explotaciones mineras, la vida del esclavo dedicado a tareas rurales y domésticas, estuvo dotada de ciertas singularidades. No obstante ello, sus funciones cambiaban de acuerdo a la zona o provincia en donde estaban destinados, debido a las singularidades del tipo de explotación. ¿Qué función cumplían los negros en el campo rioplatense? En realidad, todas las funciones posibles en una economía agraria. Se los observa participando tanto en tareas temporales como permanentes, especialmente en la siembra y cosecha de trigo, en el manejo de los rodeos, en la doma de potros. Sin embargo, y curiosamente, la función más típica del negro esclavo en la estancia rioplatense fue la de desempeñarse como capataz, lo que implicaba una situación de autoridad, aun respecto a peones libres. Incluso la vivienda entregada a los esclavos solía ser más sólida y amplia que las de los peones libres, y estaba rodeada de mayor privacidad. Algunos señores permitían que los esclavos negros tuvieran su propio ganado y cultivar alguna parcela para su manutención y la de su familia. Incluso podían algunos vender sus excedentes en el mercado y hasta se les permitió tener marca de ganado propia. Algunos estancieros, corrían con los gastos completos de vestimentas y alimentación. Se los proveía de raciones de tabaco, yerba, papel e incluso a veces de dinero. Por supuesto que todo ello variaba de estancia en estancia y caso por caso. Y no ha de creerse que el uso de esclavos negros era patrimonio exclusivo de los laicos. Por el contrario, se los encuentra trabajando para la Compañía de Jesús en la estancia de San Ignacio de las Temporalidades de Santiago del Estero y también en las estancias de la Compañía en Córdoba, Tucumán y Catamarca, en donde desarrollan todo tipo de funciones, pero se especializan en labores artesanales. En Córdoba, en la Estancia Jesuítica de Santa Catalina, se desempeñaban como obrajeros, capataces, pastores, carpinteros, herreros, albañiles, peones, hortelanos, racioneros, bataneros, zapateros, ladrilleros, canilladores y cocineros. En general, la alimentación en la estancia colonial bonaerense era mejor que la que se les proporcionaba a los esclavos en las haciendas azucareras del sur de Brasil: contaba con una buena dosis de proteínas, ya que la carne era el alimento natural del hombre de la pampa. En la región de Cuyo, los esclavos comían charqui, pan, maíz, pescado y a los enfermos se les suministraba carne de carnero. Los esclavos negros rurales tenían una vestimenta indiferenciada respecto de los hombres libres, con la indumentaria propia del hombre de campo de la época, con calzones, ponchos, sombreros, camisas y a veces chaquetas. Se ha señalado, que incluso la indumentaria fue empleada como una manera de incentivar su lealtad y premiar su productividad. Como sea, el esclavo negro rural montaba a caballo y le era permitido tener facón para sus tareas habituales y su defensa personal. Pero todas estas concesiones no pueden hacer imaginar que la vida del esclavo era fácil en el campo pampeano. Por el contrario, al igual que los peones libres, tenían trabajos muy duros sobre todo en la época de cosecha. En esta época las tareas comenzaban a las cuatro de la mañana. A la media hora debía servirse el primer mate. Luego trabajaban toda la mañana hasta aproximadamente las once, hora en la que podían retirarse a descansar por media hora. Luego del reinicio de las labores, normalmente se servía la comida y después generalmente eran autorizados a dormir una siesta de dos horas. Según la reglamentación del Virrey Cevallos, los días de trilla no había siesta, para aprovechar al máximo las brisas del estío. Para la cosecha se utilizaban hoces y horquillas para la trilla. La tarea finalizaba durante esta época una hora después de la puesta del sol. Advierte Ciro René Lafón, que sin embargo, en las tareas de estancias de cierta notoriedad, los esclavos negros eran preferidos para los trabajos permanentes, mientras que los contratados para las tareas estacionales, como para el rodeo y para la yerra, eran criollos, mestizos o mulatos, “pobladores” de las estancias conocidos como “agregados”. En algunas viejas estancias, que habían sido de los jesuitas, -sigue diciendo éste autor-, como el campo de la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires, tenían todo su personal de peones, puesteros, y capataces de origen africano, pero en su orfelinato, sólo recibían huérfanos “de sangre pura”. En el ámbito urbano, el esclavo tenía un trato doméstico, y en general, se reconocía el buen trato que les dispensaban las familias. Un testigo privilegiado de la sociedad colonial fue un oficial integrante de las invasiones inglesas, el cual dejó su testimonio en una descripción publicada en Londres: “Buenos Aires y el Interior” de Alejandro Gillespie: “ Ese trato social que se nos brindaba, nos daba ocasión de observar las maneras y los usos de diferentes familias, y como la naturaleza humana es intrínsecamente la misma a través de las edades y no participa de las modas pasajeras de cada generación sucesiva, puede presumirse que cualquier delineamiento sobre las primeras puede muy propiamente colocarse en tiempo presente y no en pasado. Entre los más amables rasgos del carácter criollo no hay ninguno más conspicuo y ninguno que más altamente diga de su no fingida benevolencia, que su conducta con los esclavos. Con frecuencia testigo del duro tratamiento de aquellos prójimos en las Indias Occidentales, de la indiferencia total a su instrucción religiosa allí prevalente, me sorprendió instantáneamente el contraste entre nuestros plantadores y los de América del Sur. Estos infelices desterrados de su país, así que son comprados en Buenos Aires, el primer cuidado del amo es instruir a su esclavo en el lenguaje nativo del lugar y lo mismo en los principios generales y el credo de su fe. Este ramo sagrado se recomienda a un sacerdote, que informa cuando su discípulo ha adquirido conocimiento suficiente de catecismo y de los deberes sacramentales para tomar sobre si los votos del bautismo. Aunque este proceso en lo mejor debe ser superficial, sin embargo tiene tendencia a inspirar un sentimiento de dependencia del Ser Supremo, obliga a una conducta seria, tranquiliza el temperamento y reconcilia a los que sufren con su suerte. Hasta que se naturalizan de este modo, los negros africanos y su hermanos nacidos en América son estigmatizados por el vulgo, como infieles y bárbaros. Los amos, en cuanto pude observar, eran igualmente atentos a su moral doméstica. Todas las mañanas antes que el ama fuese a misa, congregaba a las negras en círculo sobre el suelo, jóvenes y viejas, dándoles trabajo de aguja o tejido, de acuerdo con sus capacidades. Todos parecían joviales y no dudo que la reprensión también penetraba en su círculo. Antes y después de la comida, así como en la cena, uno de estos últimos se presentaba para pedir la bendición y dar las gracias, lo que se les cumplían con solemnidad...” Como detalle curioso, transcribiremos algunos anuncios de “El Telégrafo”, citados por Lafón : Así el día 4 de marzo de 1804 se avisa: “Don Juan José Ballesteros vende un matrimonio con un hijo que tiene 22 días de edad, y sus padres de 18 y 19 años en 850 pesos fuertes, todos tres, y separados, el padre Negro en 400 pesos, y la Negra con el hijo en 450 pesos fuertes; aquel es cocinero y ésta sabe lavar, planchar, coser regularmente, guisar e hilar, son sumamente fieles y no tienen enfermedad alguna. Igualmente vendo un negrito como de 10 años más o menos, en 250 pesos fuertes, que ha tenido ya viruela y sarampión, y no tiene enfermedad alguna”. El día 14 de marzo de 1802, se publica el siguiente aviso: “Don Alonso de Quesada vende una parda, de estado casada y 25 años de edad, buena para todo servicio, en 350 pesos”. Don Juan Paz anuncia que ofrece a “Patricio, negro sastre de a caballo, de edad de 34 años y marido de Dolores, negra de 26 años, tejedora de lienzos, ponchos y bayetas, se venden en 625 pesos ambos, previniendo que la criada entiende bastante de cocina…” En el Río de la Plata, si bien abundó en el siglo XVIII la justificación económica de la esclavitud para mantener las labores en tierras americanas, hacia fines de ese siglo, la situación iba progresivamente cambiando, transformando al esclavo en un trabajador rural, y a un servidor, en muchos casos querido –aunque mirado con menosprecio-, dentro de las familias urbanas. El “acriollamiento” de los esclavos, mediante el proceso de mestizaje, y el acceso cada vez más amplio a la Justicia, hizo cada vez más claro en las mentes de los pensadores y los juristas, que la esclavitud constituía una injusticia, si bien no desde el punto de vista del derecho positivo, si desde la perspectiva del Derecho Natural. Como mencionamos más arriba, uno de los pocos derechos que la normativa les reconocía a los esclavos era poder recuperar su libertad. A estos hombres se los llamaba “libertos”, pero su condición social y jurídica no era la misma que la de los hombres libres. Estaban obligados a trabajar y vivir con “amos conocidos”, y en el caso de no tener oficio, debían trabajar en las minas si vivían en zonas en donde aquellas se explotaban. A los libertos no se les permitía usar armas ni formar parte del ejército, salvo en los últimos años de la dominación española, debido a la ausencia de tropas originarias de la península. Se les impedía incluso el acceso a las primeras letras y por supuesto tampoco podían tener grados académicos y universitarios ni acceder al sacerdocio, pero si se los admitía en las órdenes menores. Tampoco se les permitía deambular libremente por las noches, y las mujeres tenían prohibido usar joyas y sedas. A pesar de su condición, se mantenían sujetos a castigos corporales en caso de faltas y contravenciones, las cuales no fueron extrañas en los años del Buenos Aires colonial. Esta situación de discriminación y semilibertad, produjo múltiples inconvenientes, entre los cuales corresponde mencionar el auge de la prostitución como un medio para llegar a la cifra estipulada cuando el trabajo no rendía. Hacia 1797 un Alcalde pide al Cabildo de Buenos Aires “que prohíba a negras y a mulatas vender pasteles, empanaditas y otras golosinas en la llamada Plaza Nueva, porque resulta que se quedan hasta muy tarde a la noche haciendo compañía a peones santiagueños y a mal entretenidos”. La condición de liberto se transmitía, a diferencia de la esclavitud, tanto por vía paterna como materna, y continuaba hasta el desvanecimiento del color de la piel, lo que llevaba a los libertos a procurar el mestizaje con mujeres blancas. En 1795 la Corona admitió que ciertos esclavos (pardos y quinterones) fueran dispensados de tal condición pagando una determinada suma. Este proceso se llamó “coartación” y permitía al esclavo alcanzar su libertad mediante una suma de dinero, pagada a veces a plazos. Este tipo de contratos contemplaba, en ocasiones a una tercera persona, que era depositaria parcial del esclavo hasta el momento en que se terminaba de pagar el precio. El esclavo podía alcanzar su libertad de otras diversas formas, entre las que mencionan: La manumisión, que consistía en la liberación espontánea concedida por el amo, ya sea expresa o tácita, consintiendo, a sabiendas, ciertos actos impropios del esclavo, como contraer matrimonio con una mujer libre, instituirlo heredero o darle el carácter de tutor de sus hijos. A veces la manumisión se disponía debido a la ancianidad o enfermedad, ya que causaba grandes problemas para el amo. Para ejercer la manumisión expresa normalmente se requería los servicios de un escribano. Las llamadas manumisiones graciosas, no fueron extrañas. El testamento fue el medio más usado, normalmente por imperativos religiosos antes de la muerte. El objetivo de estos actos de última voluntad era premiar la lealtad de un esclavo, o sus buenos servicios, o la liberación de un hijo tenido con una esclava, o simplemente no cargar a la familia con la manutención de un esclavo viejo. En otras ocasiones se recurría a la manumisión condicionada, estableciendo que el liberto se mantuviera sirviendo una serie de años a favor del manumitente o de su familia, bajo apercibimiento de ejecutar una cláusula resolutoria. Estas cláusulas resolutorias podían provenir también del ejercicio de un mandato, como la obligación de “mandar decir las misas anuales que se disponen”, caso contrario el albaceas o los herederos podrían obligar al liberto a cumplir y de no hacerlo “se repute la cláusula por de ningún valor volviendo a su antigua esclavitud.” Asimismo, la manumisión podía provenir de un acto que contenía una cláusula suspensiva, condicionando el principio de la libertad del esclavo a que se cumplieran previamente ciertas circunstancias: “hasta mi muerte”, o “hasta la muerte de mía y la de mi esposa”, “hasta la mayoría de edad de mis hijos”, etc. También podía el esclavo comprar su libertad o rescate, abonando al dueño el mismo importe que había pagado al adquirirlo. Parece ser que desde mediados del s. XVIII se hizo costumbre, el derecho del esclavo a comprar la libertad pagando en cuotas o mediante el ahorro periódico. Asimismo, no era raro que negros libertos compraran la libertad de sus hijos. Por haber sido objeto la esclava de abuso deshonesto por parte de su amo. Cabe mencionar que una de las preocupaciones, no tanto desde el punto de vista humano, sino comercial, fue que los propietarios de esclavos no procrearan con sus esclavas, constituyendo verdaderas fábricas de esclavos, lo cual arruinaría el negocio del cobro de derechos por parte de la Corona. El abandono en la infancia, vejez o enfermedad por parte del amo, era otra causal de extinción de la condición de esclavo, ya que la tradición y las normas sobre servidumbre de origen medieval, indicaban que el amo debía proveer lo necesario para auxiliar a su esclavo en situación de desvalido, proveyéndolo de lo necesario mientras durara su incapacidad laboral. También no fue extraño que se dispusiera la liberación de un esclavo por actos meritorios para el rey o para el reino, siendo declarado así expresamente y reintegrándole el precio al dueño por parte del erario público. Las Invasiones Inglesas fueron un claro ejemplo de ello, por la sobresaliente actuación de los esclavos negros durante esas jornadas, a consecuencia de lo cual se dispuso la liberación de algunos de ellos. Lafón, citando al “Diario de un soldado”, menciona que el 12 de noviembre de 1807, “se formó en la Plaza Mayor un tablado para el sorteo de 13 esclavos libres entre 800 que éstos se singularizaron de la defensa de esta Capital del 2 al 5 de julio según han acreditado por medio de certificados de sus jefes y han abonado 250 pesos por esclavo que les tocó la libertad, para sus amos. Asimismo asistieron al sorteo dos generales y el Pleno Cabildo, con dosel, que debajo estaban colocados los retratos de nuestros monarcas. Asistió a este solemne acto los negros formados y tres cuerpos sobre las armas formando cuadro para solemnizar la función.” La decisión del Cabildo de Buenos Aires, tuvo en cuenta que la actuación de los soldados negros fue destacada durante las invasiones inglesas: “es notoria la energía y valor con que los esclavos acometían al enemigo”. Además de recurrir al sorteo al que nos hemos referido más arriba, también dispuso el Cabildo la libertad de “aquellos esclavos que resultaron mutilados e inútiles para el servicio pagando a los amos el precio de su valor”, disponiendo incluso que “…se les contribuya para su subsistencia la pensión mensual de seis pesos…” Al parecer en el Río de la Plata no fue extraño que se produjeran liberaciones por manumisión o por compra o rescate por parte del esclavo, e incluso, por declaración de libertad de vientres, por la cual el amo disponía que el hijo de la esclava no siguiera la condición de la madre. También en algunas oportunidades, los esclavos obtuvieron su libertad mediante la institución del derecho de asilo. En el Río de la Plata, en ocasión de la lucha contra los portugueses por la Colonia del Sacramento, en 1762 y 1770, el Virrey Cevallos decretó el derecho de asilo de los esclavos apresados que eran propiedad de portugueses, adquiriendo así el derecho a ser liberados. Más adelante, y ya instalados los gobiernos patrios, las Provincias Unidas recurrieron al sistema de “guerra del corso”, estableciendo como una de las obligaciones de los capitanes corsarios argentinos, el dar libertad a los esclavos de los buques y lugares que atacaban. LOS PREJUICIOS Y LAS CASTAS Cabe preguntarse, ¿cómo pudieron las coronas europeas, que se hacían llamar a sí mismas “cristianas” y “católicas”, llevar a cabo durante algo más de tres siglos, el comercio negrero, sin que la población y las autoridades eclesiásticas reaccionaran? Obviamente, hubo quien, como se mencionara oportunamente, planteó la injusticia y denunció este estado de cosas. Pero la realidad, es que además de las razones económicas que hacían conveniente la explotación de los negros africanos, se había instalado un gran desprecio por la condición humana de estos seres. España estableció pronto un sistema de “castas”, basado en la supuesta superioridad de la raza blanca. En el siglo XVIII el Licenciado José Lebrón y Cuervo, realiza una detallada descripción de estas castas, pero no ha de creerse que sólo se trató del esfuerzo intelectual: las mismas se vieron reflejadas en las actas del Cabildo de Buenos Aires, y en Pragmáticas y Reales Cédulas. Sólo así, no sólo por la normativa, sino por el prejuicio que se hizo carne en la población española, fue posible mirar hacia otro lado y justificar este comercio vil. La justificación de la supremacía española en América, se basó en un sistema de castas sostenido en tres grupos principales: los blancos, los indios y los negros. De esos grupos se derivaban los demás: mulato, mestizo, zambo, tercerón cuatralbo, zambaigo, tresalbo, mulato prieto, zambo prieto, y cuarterón. Encima estaban, obviamente los españoles peninsulares, considerados de sangre pura. Luego venían los españoles americanos, conocidos como “criollos” que eran descendientes legítimos de padre y madre española, pero a quienes se le concedían menores derechos que a los primeros. La mezcla de razas era una mácula. Es decir, esos hombres y mujeres eran considerados de sangre impura o “manchados”. La sangre india manchaba por tres generaciones, pero la sangre negra manchaba “por toda la eternidad”. La unión de español con india daba lugar al mestizo, de español con mestiza al castizo. La mezcla de español con castiza, nuevamente producía un español (pero su origen siempre era tenido en cuenta). La cruza de español con una negra, daba lugar a un mulato, con una mulata, al morisco. Con morisca al albino, Con albina, negro torna atrás. Indio con mestiza era denominado coyote. Negro con india, lobo. Lobo con india, zambaigo. Indio con zambaiga, albazarrado. Indio con albazarrada, chamizo. Indio con chamiza, cambujo. Indio con cambuja, negro torna atrás con pelo liso. Otra clasificación más simple distinguía: Mulato: (proviene de la asimilación con el yeguarizo híbrido mula, cruza de burro y yegua), y que era la cruza entre blanco y negra o negro y blanca. Tercerón: cruza entre blanco y mulata o blanca y mulato. Cuarterón: cruza entre blanco y tercerona o blanca y tercerón. Quinterón: cruza entre blanco y cuarterona o entre blanca y cuarterón. Zambo: cruza de negro con india o de indio con negra. Zambo prieto: era aquel que tenía un color negro más intenso dentro de los zambos. Salto atrás: cuando un hijo era más negro que sus padres. Sin embargo, las divisiones no eran tan significativas como en las castas indúes, porque en realidad, no había una justificación religiosa, sino sólo un prejuicio social (y la conveniencia de que este sistema se mantuviera de esa forma). La clase alta, medía su posición por la blancura de su piel y por la antigüedad de su adhesión a la fe Católica. Tan sólo en último término, en la riqueza. Los negros libertos, en cuanto podían, trataban de salir de esa condición y es seguro que el mestizaje fue uno de los medios de elevación en el medio social. Tal vez a ese intenso proceso de mestizaje, junto con las guerras por la independencia y civiles, así como a las epidemias, se deba el misterio de la ausencia de raza negra en la Argentina actual. Contra la creencia generalizada, instalada luego de la gran inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de la población argentina de la época colonial tenía un color de tez “café con leche oscuro”, como lo señalan los genealogistas Diego Herrera y Carlos Jáuregui Rueda. Esta situación de gran discriminación, conspira contra la labor de los historiadores y etnógrafos, ya que se trataba de ocultar ante los censos y labores de relevamiento toda vinculación con un origen o parentesco negro, razón por la cual no se tiene un número exacto de los habitantes negros de la Buenos Aires de principios del siglo XIX. A ciencia cierta, se sabe que en 1807 había en Buenos Aires unos 6.650 negros y mulatos, 347 indígenas y 15.078 blancos. Esto eleva el porcentaje de afros censados del 26,2% de la población. Sin embargo se debe consignar que el 13% de la población no pudo ser ubicada. En 1810, año del nacimiento de la Patria, en Buenos Aires había unos 9.615 negros y mulatos, pero tan solo 150 indígenas y 22.793 blancos. Ese año entonces el porcentaje de esclavos o descendientes de los mismos ascendía al 29,53% de la población censada. En ciudades del interior, el porcentaje de negros y mulatos llegó a ser muy superior, como por ejemplo en Tucumán, que llegó a ser del 64%, del 54% en Catamarca y el 46% en Salta, lo cual era más o menos el promedio del resto de las provincias. Explica Schávezon, que por ser un puerto de entrada del comercio negrero, Buenos Aires llegó a tener una cantidad temporal de habitantes negros muy superior a los de la propia raza blanca, equivalente a tres africanos por cada blanco, criollo o indígena juntos. Estamos hablando de fines del siglo XVI, en donde la ciudad no llegaba a los 500 habitantes, pero se introducían promedio 1.000 esclavos al año, llegando incluso a subir esa cifra en algunos años a los 1.400 esclavos. Una de las formas de liberarse del estigma de la esclavitud, no tanto de la institución, sino de la discriminación social, fue el ejercicio de la milicia. Como comentamos, no son pocos los esclavos que tuvieron un desempeño distinguido en las armas durante el período colonial, y después de 1810. El uso del uniforme les permitía acceder al “honor”, ser reconocidos, lavar con su sangre la mácula de la esclavitud. Desde 1590 los esclavos de Buenos Aires formaron parte de las fuerzas coloniales de infantería, pero conformando unidades consideradas “de apoyo”, eran considerados los regimientos de castas.. Hay constancia que en 1664, la Guarnición de Buenos Aires integraba en forma “oficial” a negros y mulatos. En 1778, el quinto de las fuerzas de defensa de Buenos Aires estaba integrado por los varones de las castas. Hacia 1807, luego de la primera invasión inglesa, el Cabildo integró un cuerpo integrado exclusivamente por esclavos, para los cuales se dispuso que quienes se distinguieran en acción, el premio sería la libertad, ello, sin perjuicio del derecho a compensación económica de sus amos. Bajo inspiración de Liniers, en junio de 1807, el cuerpo de Pardos de Infantería estaba integrado por nueve compañías, cinco de pardos, dos de negros, dos de indios. El cuerpo de Pardos de Artillería, se formaba con cuatro compañías de pardos, dos de negros y dos de indios. Del total de las fuerzas de la defensa de Buenos Aires, se consigna que 876 eran esclavos que formaban parte de los regimientos de castas. No obstante reconocer el valeroso desempeño de los esclavos y libertos en la defensa de Buenos Aires, secretamente el Cabildo estaba preocupado por desarmar los cuerpos de esclavos, temiendo una sublevación. Tampoco fue ajena la discriminación de la que hablamos a la hora de repartir las pensiones a los inválidos, viudas y huérfanos de los caídos en combate: mientras a los españoles y criollos blancos se les otorgaba 12 pesos, los negros, pardos y morenos, sólo recibían la mitad. La política también fue alcanzada por la discriminación del color de la piel. Se comentaba en Buenos Aires que con ocasión de la selección de los candidatos a formar el Primer Triunvirato, Bernardo de Monteagudo, -distinguido periodista, escritor y patriota-, resultó excluido porque se sospechaba sobre la pureza de su raza blanca. Curiosamente, parece que quien insistió en este argumento fue Bernardino Rivadavia, de quien se sabe era descendiente de africanos. No obstante la deuda de gratitud que debemos a los miles de soldados morenos que participaron de las acciones que le dieron la libertad a nuestra Patria, durante mucho tiempo, los historiadores trataron de minimizar la participación de éstos en los sucesos de la independencia. Tan sólo algunos ejemplos para mostrar la lealtad, tal el caso de la historia de Falucho, el “negro de San Martín”. Incluso se ocultó durante mucho tiempo el color de la piel oscura de Juan Bautista Cabral, soldado cuya muerte evitó la pérdida de la vida de quien llegaría a ser el Libertador de Sud América, hecho que por todos es sabido, ocurrió en ocasión del Combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Un día antes, la Asamblea General Constituyente, reunida en Buenos Aires, había legislado la Libertad de Vientres. Relata Norberto Galasso, que “Juan Bautista Cabral sería hijo natural de don José Jacinto Cabral y Soto y de la morena Carmen Robledo. Ella, luego, casó con el moreno Francisco, que llevaba el el apellido Cabral, por ser servidor de esa antigua familia. Quizás, por esta razón algunas fuentes lo dan como hijo de la esclava Carmen y del esclavo Francisco, esclavo él también, pues su nacimiento es anterior a ley de libertad de vientres, y de raza negra.” La discriminación obviamente no terminó ni con la libertad de vientres, ni con la igualdad teórica o declamada, y ni siquiera después de la sanción de la Constitución de 1853. Las prevenciones continuaron, porque la raza negra y sus descendientes siguieron formando parte de las clases más bajas de la sociedad. Las levas de tropas tuvieron a los negros integrando todos los ejércitos de la Patria en todos los conflictos en los que se vio involucrada. Cuando cayó Rosas, las tropas que ingresaron en Buenos Aires se ensañaron especialmente con los hombres de raza negra, a los cuales se los identificaba con el Restaurador. La epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires a mediados del siglo XIX los contó entre las principales víctimas. Hacia principios del siglo XX, los últimos representantes de los afroargentinos eran parte de la marginalidad a la que los había sometido la sociedad. EL ESCENARIO PREVIO A LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII Sin lugar a dudas, una de las medidas más trascendentes de la Asamblea del Año 1813, fue haber decretado la “libertad de vientres”. Como veremos, no se trataba de un acto aislado, ni siquiera original, sino que estaba impulsado no sólo por los aires de las nuevas ideologías libertarias que impulsaron la Revolución Francesa, sino por las luchas entre monarquistas y liberales de la propia península hispánica. Lo cierto, es que la medida adquirió alcances verdaderamente revolucionarios, pegando en el centro del control económico del poder español en América, y permitiendo desmantelar, aunque sea parcialmente, un sistema injusto, que agraviaba a la propia naturaleza humana. La misma Asamblea que derogaba la existencia de títulos de nobleza o prerrogativas de sangre o nacimiento, no podía, si era coherente, mantener incólume el sistema de la esclavitud. Sin embargo, la medida tenía que ser progresiva, porque un decreto de libertad inmediata hubiera aparejado el descontento de buena parte de la población, cuyos servidumbre era mayoritariamente esclava, además de afectar en forma directa gran parte del sistema económico, generando revueltas y paralización de actividades, tanto en las industrias incipientes de velas, textiles y cueros y otros productos, como en la actividad del campo, la cual, como vimos, dependía en gran medida de los hombres de color. Hacia 1802, el Procurador de Pobres de Buenos Aires, sostenía: “el derecho de esclavitud es un derecho sumamente odioso, que los hombres por la servidumbre perdiendo su libertad natural y civil, se hacen unos miembros muertos en la República sujetos enteramente en sus acciones al señor”. No era fácil sustituir un sistema productivo basado en mano de obra barata, sobre todo si ese sistema se encontraba “legitimado” en la sociedad por el prejuicio generalizado de la inferioridad de la raza negra, y el establecimiento, como vimos, de un sistema de castas fundado en la blancura de la piel y en una pretendida pureza de sangre. En la España convulsionada por el dominio napoleónico, el establecimiento de juntas fue precedido de revueltas en las que participaron activamente buena parte de los estratos más bajos de la sociedad. Las actas de constitución de las juntas y las proclamas en las que justificaron su nacimiento, aluden en forma reiterada al desorden que se deseaba evitar y que se traducía en una “terrible anarquía”. La ira popular, si bien usaba como excusa la presencia de los franceses, se dirigía en su mayoría contra los propios españoles de clases más acomodadas. En América, la situación con las clases más bajas había sido similar. En 1809, al conocerse en Cuba la noticia de la capitulación de Madrid ante Napoleón, se produjo un alzamiento popular, sobre todo encabezado por esclavos y siervos que habían escuchado los comentarios de sus amos. El 21 y 22 de marzo de 1809, grupos formados por el pueblo bajo, “plebe compuesta de esclavos y gentes sin hogar”, comenzaron a perseguir a los extranjeros en las calles de La Habana, llamándolos “franceses” y “Napoleón”. Se unieron muchos negros y empleados domésticos y de la Factoría de Tabacos. Comentaba el Administrador de Correos de La Habana, que “no conformes con acosarlos y humillarlos,” “la turba de negrillos” les lanzaban piedras y entraban en casas de los comerciantes franceses y las saqueaban. El griterío se desplazó a los barrios extramuros, atacando la turba los barracones de un francés. “La turba se había incrementado con porciones de negros carretilleros, aguadores y otros esclavos escapados de sus amos, gritando viva Fernando VII y mueran los franceses”. Los ataques siguieron sobre los españoles conocidos como colaboradores de los franceses. De manera tal, que para 1813, incluso para la Primera Junta en 1810, había suficiente evidencia de que debía regularse el uso de la fuerza, y una acción descomedida que incitara a las clases más bajas de la sociedad, podía convertir a Buenos Aires en una verdadera anarquía. Las medidas a adoptarse debían tener la suficiente prudencia para no generar caos y cambiar el eje del poder: los criollos deseaban estar al mando de la situación, y ese poder no lo querían compartir con los sectores más bajos de la sociedad y mucho menos con grupos de esclavos transformados en grupos de poder, tal como había sucedido en Haití. Como dijimos más arriba, la libertad de vientres no era una medida desconocida para 1813. Era un recurso habitual para otorgar la libertad, pero en forma individual, generalmente por testamento o por escritura, en donde el amo, decretaba la libertad de los descendientes de un servidor (en muchos casos, porque se trataba de hijos propios nacidos de una esclava). Sin embargo, no se había decretado en el Río de la Plata en forma masiva bajo el impulso de una norma. El antecedente más cercano, y de carácter revolucionario y normativo, se había producido en Chile, que decretó la libertad de vientres el 15 de octubre de 1811, bajo la inspiración de Manuel de Salas Corbalán, quien era un destacado pensador chileno, hijo de una familia aristocrática, que en su juventud había viajado a Europa. Allí abrazó al calor de las lecturas los idearios de la ideología liberal, sobre todo inspirada en los grandes pensadores de la ilustración española y en especial por el pensamiento de Francisco de Miranda, el sueño de luchar por la educación y la libertad de los hombres. Años después, y también en gran parte por su inspiración, Chile decretó la libertad de los esclavos (1822). También, y de forma no menor, estaba la necesidad de los patriotas de contar con tropas frescas para enfrentar el poder del ejército español, para lo cual la leva obligatoria de los libertos, fue fundamental para conformar los cuerpos de los ejércitos libertadores. Pensadores como Mariluz Urquijo, han señalado que “…la emancipación coincidió con un franco retroceso del régimen esclavista[…] el humanitarismo iluminista censuraba la servidumbre del hombre por el hombre”. Destaca este autor, además, que en la sociedad rioplatense, el esclavo no cumplía una función económica especial, la mano de obra esclava podía ser una solución inmediata pero no apta para el futuro. Hasta las mismas instituciones y periódicos reflejaban una conciencia anti esclavista con anterioridad a 1810. Como medida previa, en 1812 el gobierno revolucionario prohibió el tráfico de buques negreros, disponiendo en el artículo tercero que los barcos negreros que arribaran al puerto de Buenos Aires serían confiscados, los esclavos declarados libres y ocupados en tareas útiles para el gobierno. LA ASAMBLEA DECLARA LA LIBERTAD DE VIENTRES El niño nacido de madre esclava era considerado esclavo, ello, en virtud de que conforme a la legislación española, de acuerdo a la Partida IV, “el parto sigue al vientre”. Señeramente, la libertad de vientres fue la primera medida que adoptó la Asamblea, ni bien se hubo instalado. Como un símbolo, como una indicación de la impronta revolucionaria que iba mucho más allá de la intención de sustituir el poder del monarca por otra elite ilustrada. En esta medida legislativa, por más que algunos puedan ver en ella algo más simbólico que efectivo, se encuentra la identificación del nuevo espíritu republicano. El romper cadenas, el dar a cada hombre su condición de ciudadano, aunque en la práctica la medida se encontrara con muchos obstáculos y prevenciones, se puede decir, se revela el verdadero espíritu que transformó a Mayo, de un mero golpe de mano, en una verdadera revolución que nos llevaría a la libertad. La analogía de la condición de la sociedad rioplatense con la esclavitud surge sin ninguna duda en las páginas encendidas de “El Redactor de la Asamblea”. Así, en su primer número puede leerse: “Si hubieramos de calcular los designios de la naturaleza por el resultado práctico de los sucesos humanos, seria preciso suponer que la esclavitud era el dogma mas análogo a nuestro destino, y que él debia ser la única base de la primeras combinaciones de un legislador. Pero aunque el quadro del universo no ofrece por todas partes, sino un grupo de esclavos envilecidos por la servidumbre, ó acostumbrados yá á la tiranía: y aunque los esfuerzos de las almas libres, al fin, al fin, solo han servido de trofeos al despotismo, presentando en la historia de los pueblos una constante alternativa de gloria y degradacion; sin embargo, la libertad existe en los decretos de la naturaleza, y por su origen es independiente de todas las vicisitudes de los siglos. Ni los peligros que han sufrido hasta hoy la libertad, ni el progresivo envilecimiento de las repúblicas antiguas y modernas, ni la universal conjuracion del mas fuerte contra el mas debil, prueban otra cosa que las leyes á que está sujeto el gran sistéma de la naturaleza. Condenado el hombre á no encontrar la felicidad, si no al traves de los peligros é infortunios, es forzoso que pase por la alternativa del bien y del mal, siendo á las veces víctima de su propia debilidad, ó de las pasiones de sus semejantes. Así es que lejos de mirar con sorpresa el despotismo sentado sobre el sobre el trono de sus crímenes, admire mas la duracion procelosa de la libertad, porque en ella veo la imagen de la virtud triunfante, y en aquel encuentro el quadro natural de la degradacion de los mortales. Á menos que se olviden estos principios, nadie extrañara que los esfuerzos del nuevo mundo por su independencia hayan sido combatidos, no solo por sus antiguos opresores, sino tambien por gran parte de los mismos oprimidos. Era necesario que los anales de nuestra revolucion no desmintiesen las verdades que justifica la historia de todos los pueblos; y aun era consiguiente que el fuego de la libertad encendiese primero las pasiones antes de inflamar el espiritu público...” Estas páginas, son sin duda alguna una fiel demostración del pensamiento de la época, en donde “las luces” intentaban iluminar el retorno a las leyes naturales, a la intrínseca dignidad de la individualidad humana, pero más aun encender con su predica el espíritu de toda la sociedad. Por eso, no muestran ningún pudor al exclamar que la medida es digna de memoria para las generaciones futuras. Al hacer referencia a la sesión del día 2 de febrero de 1813, dice el Redactor: “El día 31 de enero de 1813 durará en la memoria de la posteridad, mientras hayan almas virtuosas que aprecien las emociones de la gratitud, y recuerden los acontecimientos preventivos de su suerte. Ni el peso enorme de los tiempos, ni el trastorno de las revoluciones periodicas del globo borrarán de la historia esta época venturosa; y sea cual fuese el destino de las generaciones venideras, ellas recordarán este digno exemplo, ó para sacudir el yugo que las oprima, ó para cantar himnos á la libertad en el templo de la fama. entonces verán con religiosa admiracion los primeros conatos de un zelo filantrópico, y arrastrados por la autoridad del tiempo admirarán con entusiasmo, antes de aplaudir con reflexion. Apenas recuerden el periodo feliz en que nos hallamos, verán que suspendiendo el curso de la revolucion aparece constituida una autoridad, que consagra sus desvelos al orden, á la justicia, á la igualdad, y al bien comun de sus semejantes. Este es el sello que distingue el exórdio de sus augustas deliberaciones, y para justificar esta verdad, basta entrar en el exámen de aquellas. Después de instalada la Asamblea, y expedidos los decretos preliminares que reclamaba el decoro público de su solemne apertura, nada pudo disputar la preferencia que daba su zelo á el digno objeto de la sesion del 2, en que acordó la libertad de los que naciesen en el seno de la esclavitud desde el 31 de enero inclusive adelante. Parece que la providencia consultando la inmortalidad de las acciones que honran á la especie humana, inspiró á la Asamblea este filantrópico designio en los primeros instantes de su existencia moral, para que no pudiese transmitirse su memoria, sin ofrecer un exemplo de equidad y justicia. Este barbaro derecho del mas fuerte que há tenido en consternacion á la naturaleza, desde que el hombre declaró la guerra á su misma especie, desaparecerá en lo sucesivo de nuestro hemisferio, y sin ofender el derecho de propiedad, si es que este resulta de una convencion forzada; se extinguirá sucesivamente hasta que regenerada essa miserable raza iguale á todas las clases del estado, haga ver que la naturaleza nunca ha formado esclavos sino hombres, pero que la educacion ha dividido la tierra en opresores y oprimidos. Mas nada hubiese adelantado la Asamblea con expedir este decreto, si desde luego no hubiese meditado las reglas que debían conciliar el interés de la justicia con el de la opinion. Á este efecto ha formado un reglamento que debe publicarse sin demora, para que no queden frustrados los saludables fines que ha tenido la Asamblea es una deliberacion tan digna de los pueblos libres que representa.” La norma dice textualmente: “Siendo tan desdoroso, como ultrajante á la humanidad, el que en los mismos pueblos, que con tanto teson y esfuerzo caminan hácia su libertad, permanezcan por mas tiempo en la esclavitud los niños que nacen en todo el territorio de las provincias unidas del Rio de la Plata, sean considerados y tenidos por libres, todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 de enero de 1813 inclusive en adelante, dia consagrado a la libertad por la feliz instalacion de la Asamblea general, baxo las reglas y disposiciones que al efecto decretará la Asamblea general constituyente. Lo tendrá asi entendido el Supremo Poder Executivo para su debida observancia. Buenos-Ayres febrero 2 de 1813.= Carlos Alvear, Presidente. Hipolito Vieytes, Diputado Secretario.” La Asamblea se quedó a mitad de camino en la abolición de la esclavitud, no obstante un intento de proclamar la libertad de los esclavos que fueran introducidos, lo cual debía producirse a partir del día 4 de febrero de 1813, ya que esta última resolución fue dejada sin efecto por exigencias de la corte portuguesa, para evitar la fuga masiva de esclavos hacia la frontera de las Provincias Unidas. La idea de declarar la abolición de la esclavitud fue dejada de lado cuando no se aprobó el proyecto de Constitución Nacional que elaboraron los miembros de la comisión redactora a los que encomendó la tarea la propia Asamblea. El proyecto de Constitución de la Comisión Oficial de la Asamblea, contemplaba en el Capítulo VI Art. 1 que: “Son ciudadanos los hombres libres que, nacidos y residentes en el territorio de la república, se hallen inscriptos en el rejistro cívico. Ningún hombre nace esclavo en el territorio de la república, desde la aceptación de la constitución. Los esclavos que de nuevo entrasen de otro territorio estranjero adquieren libertad por el solo hecho de pisar las tierras de la república.” Por su parte, el Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica de 1813, que competía con el proyecto oficial, tenía sin embargo otros contenidos. Establecía en el Cap. 2° art. 5. :” Los dros. del hombre son la Vida, la honra, la livertad, seguridad, la igualdad, y la propiedad.” Y el art. 7. del mismo capítulo decía: “La libertad es la facultad de obrar cada uno a su arbitrio sin violar las leyes ni dañar a los dros. de otro.” Por su parte, el art. 207 del Capítulo 23° (De la Seguridad Individual), establecía: “Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado o abandonarlo quando no guste su residencia.” Pero en el proyecto de la Sociedad Patriótica, la ciudadanía y sus derechos era “calificada”. Así, si bien el art. 17 del Capítulo 4° proclama que todo hombre libre y nacido y residente en el territorio de las Provincias Unidas, es Ciudadano Americano desde que llega a la edad de veinte años, en el art. 22° de este mismo capítulo se excluía de la ciudadanía a los que no saben leer y escribir, y en el Cap. 5°, al referirse a los modos de perder y suspender la ciudadanía, se establece que se pierde ...art. 29 “Por el domestico asalariado”, y art. 30. “Por no tener propiedad u oficio lucrativo.” Es decir, los libertos y aún los hombres libres que sirvieran en el servicio doméstico estarían excluidos de la ciudadanía, y obviamente las clases más bajas de la sociedad que no tenían acceso a la educación elemental. EL REGIMEN DEL PATRONATO La voluntad declamada por reconocer la igualdad de todos los hombres plasmada en el decreto de Libertad de vientres, no fue sin embargo idéntico a reconocer un estátus de hombre libre al “liberto”, sino que la prevención, la cultura de la discriminación, la economía y la presunta prudencia política, llevaron a establecer un régimen denominado “Patronato”. Luego de sancionada la Libertad de Vientres, se dictó el “Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos”, el que normaba la aplicación de este estátus particular, generando un vínculo especial entre el amo y el hijo de la esclava. De ser amo, pasaba a transformarse en “patrono”. Los patronos debían denunciar los nacimientos de los vientres de sus esclavas a la Policía o al Cabildo. Las madres esclavas tenían el derecho de conservar consigo a sus hijos durante los dos primeros años de vida, pero los niños libertos debían permanecer bajo la tutela del patrono hasta cumplir los 20 años para los varones y 15 las mujeres. El sistema no era mucho mejor que el régimen esclavista, ya que el liberto podía ser transferido a un nuevo patrono, podía ser alquilado e incluso el patrono podía hacer uso de castigos físicos. Sin embargo esta condición cesaba y la libertad plena final llegaba para el liberto, sin otra limitación que el prejuicio que ciertos sectores de la sociedad continuó teniendo hacia los hombres de piel oscura. LAS LEVAS DE LA PATRIA Dijimos más arriba que una de las principales razones por las cuales el gobierno patrio buscaba generar libertos, era la integración de los ejércitos republicanos. El 31 de mayo de 1813, la Asamblea dicta una resolución por medio de la cual se dispone recomponer el Batallón de Infantería Nº 7, el cual había sido diezmado luego del desastre de Huaqui. Así se crea, con la incorporación de esclavos comprados a los vecinos de Buenos Aires, el Batallón de Libertos o Batallón Nº 7, el cual se puso al mando del Teniente Coronel Toribio de Luzuriaga. Este batallón, según se consigna en la página oficial del Ejército Argentino, contaba con una plana mayor, cuatro compañías de infantería o fusileros, una de granaderos y una de cazadores. Comenta Marta B. Goldberg que “San Martín contó casi desde el principio con la creciente participación de las castas en sus tropas. Cuando a fines de 1813 recibió órdenes de hacerse cargo del Ejército del Norte, sus tropas se componían de 1200 hombres, de los cuales 800 eran negros libertos, que servían en la infantería. Estos batallones acompañaron a San Martín en su campaña libertadora. Cuando condujo su ejército a través de los Andes hacia Chile, en 1816, la mitad de su fuerza de ataque estaba compuesta por libertos reclutados en Buenos Aires y en las provincias de Cuyo, organizados en batallones de infantería y artillería.” Continúa su magnífico relato la autora que citamos, diciendo que: “Entre 1816 y 1823 libraron y ganaron batallas en Chile, Perú y Ecuador. Son abundantes los testimonios de que los afrosoldados estuvieron presentes en todas las acciones que se libraron en el interior, en Paraguay, la Banda Oriental, el Alto Perú, Chile y muy posteriormente en las de la Triple Alianza contra el Paraguay.” Es decir, que la Nación Argentina tiene una deuda de gratitud -aun no saldada- con el sacrificio que estos hombres de color, la mayoría de los cuales ha sido olvidado, y que ofrendaron su vida para la libertad y la independencia de la Patria. CONCLUSIONES Puede decirse, que sin lugar a dudas, que si bien la Asamblea del Año XIII no declaró la libertad de los esclavos, y sin embargo mantuvo muchas de las instituciones esclavistas, las que sólo fueron definitivamente abolidas con la Constitución Nacional de 1853, asentó con la “libertad de vientres” un durísimo golpe al sistema injusto que privaba a los hombres de su libertad natural, y con ello transformó el sistema productivo en el Río de la Plata, permitió la incorporación de nuevos ciudadanos a la incipiente república y dotó de importantes fuerzas militares a los ejércitos libertadores. La impronta republicana y democrática de estas reformas, resultaron fundantes de la nueva nacionalidad, la cual, para distinguirse del antiguo régimen realista, no podía sino reconocer la igual esencial de todo hombre nacido de mujer.